Mientras se reparten millonarios contratos en medio de favoritismos, los niños de esta región y de distintas etnias siguen caminando horas para llegar a clase.
Una historia que se repite con distintos nombres
En La Guajira, la historia del transporte escolar no es solo una tragedia social, es también un retrato de cómo el poder político se recicla, se protege y se enriquece.
Para la vigencia 2025-2026, el departamento abrió la Licitación Pública LP-004-2025 por más de 49.600 millones de pesos, con el objetivo de transportar a más de 10.800 estudiantes en 369 rutas escolares.
Este medio de comunicación conoció una denuncia radicada el 2 de mayo, que asegura que el proceso estaría nuevamente amañado para favorecer a los mismos de siempre: una red empresarial vinculada a políticos guajiros con poder.
El nombre que reaparece, como en años anteriores, es Transportes Relaturg, una empresa que ha dominado por años el negocio del transporte escolar en el departamento. Lo que pocos saben es que, para quedarse con el contrato 2023-2024, Relaturg se habría unido bajo una figura de Unión Temporal con la empresa Expreso Caribe Radiante, cuyo representante legal hasta el año pasado fue nada menos que el hoy diputado Daniel Ceballos.
Pero el juego de poder no terminó ahí. Después de una denuncia presentada por otros concursantes y una queja a la Procuraduría General de la Nación, en contra del representante legal, quien ya era diputado de la Guajira, cambiaron de representante legal y razón social. Sin embargo, el diputado Daniel Ceballos, hoy seguiría cómo accionista de esta empresa.
De cara a la nueva licitación, se volvieron a presentar la extinta Expreso Caribe Radiante que hoy opera como ATLANTI. Esta nueva razón social será la que se presente nuevamente en alianza con Relaturg. El modus operandi es claro: cambian el nombre, pero el control y las relaciones políticas permanecen intactas.
Relaturg: un viejo jugador con nuevos respaldos
Transportes Relaturg no es cualquier empresa. Fue fundada por Édgar Acosta Romero, exconcejal y primo del exministro Amílkar Acosta, y hoy está en manos de sus hijas. Sin embargo, según nuestras fuentes, Acosta continúa como asesor clave. Su historial está plagado de señalamientos, por la presunta presentación de documentos falsos, vehículos en mal estado, uso de conductores menores de edad, y —lo más preocupante— vínculos directos con figuras políticas del más alto nivel en La Guajira.
Una de sus apoderadas legales ha sido Rita Deluque López, prima del senador Alfredo Deluque. Rita no solo fue apoderada de Relaturg, también ocupó el cargo de jefa de contratación en la Gobernación de La Guajira, lo que plantea un claro conflicto de interés.
https://www.las2orillas.co/el-contrato-que-tendria-al-nuevo-gobernador-e-de-la-guajira-a-punto-de-ser-suspendido/ (Investigación Las 2Orillas)
Ahora, nuevas fuentes aseguran que Relaturg presuntamente habría apoyado políticamente al actual gobernador de La Guajira durante su campaña. El gobernador, que hoy lidera el proceso licitatorio desde el nivel departamental, tendría familiares cercanos que estarían involucrados en la estructura interna de Relaturg y la anterior Expreso Caribe Rodante ahora ATLANTI.
A esto se suma el apoyo político recibido por el actual diputado Daniel Ceballos, que —hasta hace poco— fue el rostro legal de la empresa con la que Relaturg ganó el contrato anterior.
Contrato sastre- la modalidad de contratar a los “amigos”
Los requisitos del nuevo proceso de licitación parecen sacados de una receta para favorecer a un único proponente según lo que se lee en la denuncia. Se exige que las empresas hayan ejecutado contratos previos por más de 24.800 millones de pesos, cubriendo al menos ocho municipios étnicos, y con experiencia en atención diferencial conforme a la Resolución 000318 de 2017. Una lista de condiciones prácticamente imposible de cumplir para cualquier empresa ajena al círculo de La Guajira, excepto —casualmente— para Relaturg.
El modelo de la nueva Unión Temporal ATLANTI-Relaturg no es solo una fórmula contractual: es una presunta estrategia para blindar la continuidad de un monopolio que lleva años operando sin competencia real, camuflándose tras nombres nuevos, pero con las mismas prácticas.
¿La gobernación de la Guajira se arriesgará a contratar esta Unión Temporal que ha sido cuestionada y no ha cumplido a cabalidad a los niños de los municipios de este departamento?
¿Y los niños? Caminan mientras otros se reparten el negocio
Mientras los pliegos se diseñan en oficinas de Riohacha para beneficiar a contratistas aliados, en zonas como Nazareth, Uribia o Maicao, niños wayuu caminan kilómetros sin acceso garantizado al transporte escolar. En algunos casos, los padres deben improvisar con animales o vehículos inseguros para que sus hijos puedan asistir a clase. Es el precio real de una cadena de favores políticos disfrazada de contratación pública.
Las cifras oficiales muestran cobertura, pero la realidad demuestra que el servicio llega incompleto, tarde, o sencillamente no llega, Así como lo recordamos en esta imagen publicada por FECODE el 30 de junio del 2024. En donde se observa niños transportándose en un “carro burro” para llegar a sus clases, en donde no solo buscan ser educados sino también alimentados, ya que son miles de familias de la Guajira que dependen del PAE, para alimentar a los niños.
Una licitación para unos pocos, una tragedia para muchos
La nueva licitación LP-004-2025 es solo la punta del iceberg de una estructura política y empresarial que estaría detrás de la captura del transporte escolar en La Guajira que al parecer solo busca beneficiar a aliados, para pagar presuntos favores y perpetuarse en el poder. Con empresas fachada, uniones temporales camufladas y pliegos diseñados al detalle, lo único que permanece constante es que los niños siguen siendo los grandes perdedores.
