Una auditoría reveló que durante la administración de Fuerza Ciudadana se pagaron más de $21 mil millones por el SETP de Santa Marta sin que el sistema operara, dejando graves hallazgos fiscales y un transporte público inconcluso.
Una auditoría de la Contraloría General de la República dejó en evidencia un grave manejo de los recursos públicos durante la administración del movimiento Fuerza Ciudadana en Santa Marta, al revelar que más de $21 mil millones fueron pagados para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) sin que este estuviera en funcionamiento real.
El principal hallazgo fiscal identificado por el ente de control asciende a $19.840 millones, correspondientes a un contrato firmado en 2023 para poner en marcha el Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario. El proyecto debía modernizar el transporte público, optimizar la operación y ofrecer información en tiempo real a los usuarios, objetivos que nunca se materializaron pese al millonario desembolso.
Según la Contraloría, el contrato fue cancelado en su totalidad aunque la plataforma tecnológica no operaba. Más grave aún, la supuesta entrega del sistema se habría realizado de manera virtual, sin una verificación técnica presencial ni un acta formal que certificara el cumplimiento del objeto contractual, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la legalidad, la transparencia y el control administrativo del proceso.
Fallas técnicas y omisiones en la supervisión
El contrato contemplaba la instalación de validadores de pago, cámaras, GPS, sensores de conteo de pasajeros, botones de pánico y plataformas digitales de control y recaudo. Sin embargo, estos equipos no prestaban el servicio contratado, dejando a la ciudad sin los beneficios prometidos.
La auditoría también identificó un segundo hallazgo fiscal por $1.250 millones, relacionado con la interventoría del proyecto, al establecer que no alertó ni reportó los incumplimientos, permitiendo que el proceso avanzara sin correctivos. Para la Contraloría, estas omisiones reflejan una deficiente gestión contractual durante el gobierno de Fuerza Ciudadana, con un impacto directo en las finanzas públicas y en los ciudadanos, que hoy siguen sin un sistema de transporte moderno y funcional.
