A través de una medida cautelar, la Contraloría General embargó la cuenta al ex alcalde Carlos Caicedo por detrimento de más de $1.000 millones en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
La Contraloría General de la Nación, empezó a cobrarle factura al presunto detrimento patrimonial superior a los $1.206.110.000 millones, en la implementación del PAE en Santa Marta. El órgano de control fiscal, resolvió como medida cautelar, embargar las cuentas del ex alcalde Carlos Caicedo y su ex secretaria de Educación, Ingris Padilla Salcedo.
Tal parece que los entes de control empiezan a sacarle factura a las presuntas irregularidades en la administración de Carlos Caicedo, entre esas la del PAE en el que se evidenció un exagerado pago de los alimentos que se venía sirviendo en los comedores escolares.
A través de la medida cautelar, el llamado ‘cartel pechugón’ de Carlos Caicedo, en el que presuntamente se habría excedido en el pago de pechugas y otros alimentos incluidos en el Programa de Alimentación Escolar del Distrito, ya fue sancionado por el órgano de control. Todo por el valor de $1.206.110.000 millones.
Junto a la cuentas del ex alcalde Carlos Caicedo, también fueron embargadas las de Ingris Padilla y la firma Asociación de Manipulación de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce.
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EL PROCESO
La Contraloría General procedió a decretar medidas cautelares sobre los bienes de los presuntos responsables fiscales vinculados en el proceso de responsabilidad fiscal, número 2016-01105, con ocasión del daño patrimonial sufrido por el Distrito de Santa Marta.
El año anterior, la Contraloría a través de su jefe, Edgardo Maya Villazón, indicó que la presunta irregularidad consiste en que para el convenio entre la Administración Local y la firma Asoalimentarce se pagaron los desayunos y almuerzos a un valor superior al establecido.
“Este proceso es resultado de la Actuación especial adelantada al Distrito de Santa Marta, en lo relacionado con el Convenio de Asociación No. 001 suscrito el 24 de enero de 2014 entre el ente territorial y la Asociación de Manipuladoras de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce, cuyo objeto era ‘aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de acciones que garanticen el servicio de alimentación escolar que brinde un complemento alimentario durante la jornada escolar-programa de alimentación escolar -PAE 2014’…”, dijo Maya Villazón en el marco de la presentación del informe de rendición de cuentas.
Este proceso de responsabilidad fiscal está por el orden de los 1.206 millones de pesos.
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