La representante Ingrid Aguirre aseguró que fue sometida a pruebas de polígrafo para demostrar lealtad política, en medio de denuncias por presunto abuso de poder dentro de Fuerza Ciudadana.
La representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, denunció públicamente haber sido obligada a someterse a pruebas de polígrafo como una supuesta demostración de “lealtad política”, una práctica que —según su testimonio— fue ordenada por Carlos Caicedo y ejecutada por Rafael Martínez. La denuncia fue conocida tras una investigación revelada por La FM, en medio de un contexto marcado por señalamientos de presunto abuso de poder dentro de esa colectividad política.
Aguirre, elegida por el movimiento Fuerza Ciudadana y oriunda del Magdalena, aseguró que estas presiones se sumaron a una serie de ataques políticos, humillaciones y aislamiento que habría enfrentado antes de presentar su renuncia al partido el pasado 29 de octubre. En su comunicado, la congresista calificó estas acciones como prácticas degradantes que afectaron su ejercicio político y su dignidad personal.
Denuncias y contexto político
La realización de un polígrafo a una congresista de la República ha generado cuestionamientos en distintos sectores, al tratarse de un procedimiento sin carácter judicial ni respaldo institucional para evaluar la “lealtad” política. El caso recuerda situaciones similares ocurridas en el país, donde este tipo de pruebas no derivaron en responsabilidades comprobadas.
Investigación y reacciones
La FM informó que posee material fotográfico y documentos que evidenciarían la realización de los exámenes, contratados a una empresa privada de seguridad. Mientras tanto, la Procuraduría General abrió una indagación previa por otras denuncias conocidas recientemente, y la Defensoría del Pueblo solicitó avanzar en las investigaciones. Desde Fuerza Ciudadana, la agente liquidadora Adriana Trujillo negó haber ejercido violencia política contra Aguirre, afirmando que nunca limitó sus derechos como mujer ni como congresista.
