Concejales culpan y vetan al periodismo por lo que sucede en Santa Marta

Por: Redacción Elarticulo.co

Una vez más la libertad de prensa vuelve a ponerse en riesgo y esta vez por cuenta de los concejales Miguelina Pacheco De Leon, Efraín Vargas Corvacho y Juan Ruiz Frutos. En medio de las sesiones ordinarias que se desarrollan en el cabildo samario, los concejales mencionados se fueron lanza en ristre contra la prensa samaria en donde utilizaron calificativos de grueso calibre para denigrar del trabajo que realiza el periodismo cuando cubre los hechos noticiosos del concejo.

A los concejales se las ha venido cuestionando por su falta de diligencia y control a las acciones débiles en materia de Agua, salud, seguridad, educación, vías, transporte en las que el modelo de gobierno de los últimos años han permitido que se profundice estas problemáticas.

Sin embargo para los miembros de la corporación edilicia, es la prensa la que de maner inveterada viene exponiendo en mala forma y sin razones el trabajo “arduo” de los concejales, quienes en palabras del concejal Juan Ruiz Frutos, todas las obras que se hacen en la ciudad son porque pasan por la aprobación del concejo Distrital. Es frente a esto último que la prensa ha sido muy insistente, toda vez que los los colegiados fueron los que aprobaron adiciones para la construcción de los puestos de salud, los recursos para la construcción del estadio sierra nevada, el Coliseo de gaira, el CDI de bonda, la calle 22 a la altura del centro histórico, la megabiblioteca, la red de parques y los pozos de agua, estas obras sin excepción alguna se encuentran investigadas por presuntos actos de corrupción, tanto en la contraloría, la procuraduría y la fiscalía han sido determinantes en la toma de decisiones que van desde detenciones domiciliarias, imputaciones de cargo y sanciones en primera instancia.

Al concejal Juan Ruiz Frutos, le parece más importante hablar bellezas de la ciudad, que la crisis de agua y los altos índices de delincuencia en los que el homicidio está alcanzado picos históricos en Santa Marta, y parece que esto lo ha llevado a responsabilizar y señalar a la prensa como los verdaderos delincuentes y por ello le pidió a sus colegas no entregar entevistas a los medios de comunicación aplicando una especie de veto que claramente conlleva a una censura y restricción a uno de los pilares de la democracia como es la libertad de prensa.

“Periodistas delincuentes”

El deplorable pronunciamiento hecho por el Concejal Juan Ruiz Frutos en el recinto de la democracia samaria, quizá lo hizo con desconocimiento de la ley y el bloque de constitucional que por orden establece el respeto que deben tener los funcionarios y altos dignatarios en favor de la prensa cuando tienen discurso crítico que no son afines a sus políticas o posturas.

La procuraduría debería entonces investigar las actitudes de los concejales que con sus pronunciamientos soslayan las normas con la finalidad de censurar la libertad de prensa, y para ello es preciso citar los que establece la convención americana en sus artículos 13 y 24, los cuales son acogidos por el bloque de constitucionalidad en Colombia.

Un ejemplo de limitación discriminatoria de la libertad de expresión lo proveyó la Corte Interamericana en el caso Ríos y otros vs. Venezuela, en el cual precisó que si las autoridades dan a ciertos periodistas o trabajadores de medios de comunicación un trato distinto y desfavorable en virtud de su pertenencia a un medio crítico con el Gobierno, están incurriendo en un trato diferenciado por opiniones políticas, lo cual constituye discriminación prohibida.

Pero aparte de las acciones que la procuraduría debe ejercer por éstas faltas cometidas por los funcionarios públicos hoy concejales de la ciudad, bueno que se de una profunda investigación a varios hechos que tienen relación directa con los protagonistas de los pronunciamientos discriminatorios al interior del cabildo. Por ejemplo, el señor Efraín Vargas Corvacho, es hoy un sujeto subjudice por la justicia y el primer acto que no pudo desvirtuar aún fue su actuación al frente de la Secretaría de infraestructura de Santa Marta, en la que la procuraduría en medio de la investigación por los contratos millonarios para la construcción de los pozos de agua los sancionó en primera instancia que le impide ocupar cargos públicos por 11 años, ello es claramente por su presunta participación en la red de corrupción que se dio en el desarrollo de ese contrato.

Por el lado de Juan Ruiz Frutos, artifice constante de los ataques en contra de la prensa crítica, en sus propias palabras manifestó que uno de sus colegas lo iba a mandar a matar pero además dijo que le pretendían cobrar 300 millones de pesos por una letra espuria, todo porque le querían torcer su voluntad para apoyar las iniciativas del Alcalde Distrital. Según Juan Ruiz Frutos, tenía hasta material en video para probar sus dichos, sin embargo estos actos que atentaban contra su vida y su honra parece que se le olvidaron a pesar que se hablaba de situaciones de indole delincuencial o criminal. Ahora, para el Concejal los delincuentes son la prensa que ha puesto en conocimiento todos estos actos que el mismo señaló como delincuenciales al interior del cabildo samario.

Finalmente, la señora Miguelina Pacheco De León a pesar de ser comunicadora social y conocer la protección especial y reforzada de que gozan los periodistas al momento de ejercer sus labor, fue una de las que presuntamente pidió el veto para los periodistas de la ciudad. La doble moral que tienen algunos de estos concejales es tal que su familiares han tenido contratos multimillonarios a través de interventorias de obras, pero en momentos de campañas políticas buscaban alianzas distintas a las que hoy de manera sorpresiva apoyan al interior del concejo.

Desde este medio de comunicación, exigiremos a la Fundación para la libertad de prensa y la procuraduría general de la nación para que expidan sendos pronunciamientos y/o investigaciones sobre estos hechos discriminatorios atentatorios del bloque de constitucionalidad de Colombia y se puedan dar las sanciones disciplinarias del caso.

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