Por Rubén Peña Noriega
Cuando el doctor Pablo Elías González asumió la Dirección de la Unidad Nacional de Protección, anunció que las solicitudes de protección se habían incrementado en 9.000 en todo el país, casi todos como consecuencia de las amenazas a líderes cívicos, algunos de los cuales fueron asesinados en el período de transición de los gobiernos saliente y entrante.
No mucho tiempo antes la UNP había estado en el ojo del huracán a raíz del escandaloso caso de corrupción destapado al interior de la entidad. Salieron a relucir “secretos” que enredaron a directivos de la misma, y que daban cuenta de la forma como se hacían “negocios non santos”, que causaron un detrimento patrimonial del orden de los 16 mil millones de pesos a la entidad, especialmente en malos manejos y contratos supuestamente irregulares, que sospechosamente al final ni siquiera fueron investigados por la Fiscalía ni la Procuraduría.
No obstante, las denuncias sirvieron para destapar muchos aspectos, entre ellas, algunas mañas que se dan quienes aspiran a recibir el servicio de protección y que en ese momento tanto la Fiscalía, como la Procuraduría y demás órganos de control del Estado dejaron pasar por alto, tal vez con el propósito de minimizar el escándalo a que estaba sometida la entidad, por el alto nivel de corrupción que se había denunciado a su interior.
Nunca se supo, aparte del estudio de riesgo que se le tiene encomendado a la Policía, cómo hacía a la UNP para determinar el grado de amenaza del solicitante de protección y ni el grado de peligro en que se encontraba, para hacerse acreedor a esa protección. En otras palabras, no se sabía quién o qué entidad certificaba que esa persona en realidad estaba en alto riesgo de muerte y su protección era necesaria e indispensable para preservarle la vida, en cumplimiento a la obligación constitucional del Estado de velar por la vida e integridad de todo ciudadano.
Para decirlo en términos coloquiales, la UNP destapó un ojo pero dejó el otro cerrado, y cuando creíamos que con la llegada del doctor Pablo Elías González la entidad iba a quedar con los ojos “espernancados”, resulta que ha sido todo lo contrario, pareciera que ahora los hubiera cerrado de un todo, porque esos aspectos mañosos que se han venido presentando aparentemente siguen ocurriendo en el interior de la Unidad y lo que es peor, se mantienen ocultos, propiciando un desempeño que raya en la irregularidad y que podría degenerar en la más grave corruptela, sin precedentes en la historia de ese organismo, recientemente creado.
Las “mañas” de algunos
Para poner a la luz pública algunos ejemplos de lo que puede estar ocurriendo con la prestación del servicio de protección a algunos personajes de la vida pública que actualmente cuentan con ella, me traslado al plano local; no sin antes aclarar que Santa Marta es una ciudad pequeña en la que todos nos conocemos, y como tal, las autoridades saben muy claramente, quien llega, quien se va, quien delinque y quien no, que hace, en que se desempeña y de que vive, entre otros pormenores. Quiero decir que, si aquí se han podido esclarecer crímenes en cuestiones de días, como no se va a poder saber el nivel de riesgo de un amenazado e incluso, de dónde provienen esas amenazas y cómo contrarrestarlas.
Sin embargo, conocemos casos de individuos supuestamente amenazados que no se sabe cómo obtuvieron esa protección del Estado a través de la UNP, pues nunca se ha dicho en qué estudios y pruebas se fundamentó la Unidad para brindarles el servicio de protección. Y entonces es cuando nos hacemos la pregunta del millón, cómo consiguieron protección de la UNP si su nivel de riesgo no es tan alto y tampoco la Unidad lo ha dado a conocer?. El tema es que entre esos protegidos por la UNP en Santa Marta hay políticos, abogados y hasta seudoperiodistas con “no muy buena reputación”, algunos por su antecedente de vínculos con paramilitares.
Todos tienen carros blindados, escoltas y reciben una cuota mensual de la Unidad del orden de los 3 millones de pesos, y como si fuera poco, ostentan su prepotencia e intimidan a los demás ciudadanos que no están de acuerdo con esos beneficios que reciben del Estado.
Sería bueno y además una obligación institucional, que por la transparencia del funcionamiento y operatividad de la UNP, el doctor González, se de a la tarea de investigar los casos a los que me estoy refiriendo y que me permito recordarle y, es que sobre ellos, surgen además varios interrogantes. Porque quienes no comemos cuento, recordamos con mucha precisión, el 14 de septiembre de 2012, día en el que se reportó la circulación en la ciudad de unos panfletos supuestamente de las autodefensas con los que se amenazaba de muerte a 10 periodistas locales. Panfletos que después se supo por rumores entre la ciudadanía, que habían sido elaborados en un apartamento de un edificio en El Rodadero y que incluso le habían pagado a algunos periodistas para su difusión.
El escándalo en esa época fue mayúsculo porque supuestamente la amenaza había surgido de una entrevista al ex paramilitar José Gélvez Albarracín, alias “El Canoso”, quien en declaraciones entregadas a un abogado-seudoperiodista, había acusado al entonces alcalde Carlos Caicedo de su presunta relación con los paramilitares. Lo extraño es que de los 10 periodistas amenazados, entre los que se contaba el abogado, ninguno obtuvo protección de la UNP, la protección solo fue para ese abogado-seudoperiodista, quien todavía goza de ella y para lo cual parecer tener mucha experiencia en darse sus propias mañas. Ya con esa misma maña habían obtenido visa para Estados Unidos.
Ese individuo es experto en “armar” sus propias amenazas a base de falsas denuncias sin fundamento fáctico, se inventa supuestos atentados, pero anda exponiéndose frescamente por toda la ciudad, entrando y saliendo constantemente de la Alcaldía, e incluso, intimidando a quienes se atreven a cuestionar sus actuaciones. Peor aún, el que le había dado las declaraciones (alias El Canoso) por las que supuestamente había sido amenazado de muerte, recientemente se declaró su aliado y se retractó de lo dicho contra el ex alcalde Caicedo; y como si fuera poco, se ha convertido en el principal defensor del ex alcalde.
Claro que eso no es lo único que podríamos pensar ha venido sucediendo de manera irregular con los protegidos de la UNP, se ha dado a conocer información de supuestos “negocios” con el combustible para los vehículos asignados a esos protegidos, y como si fuera poco, sus escoltas han llegado a ejercer de policía, cuando su función es solamente de escolta y de velar por la integridad de su protegido, lo cual quiere decir que solamente pueden actuar cuando vean amenazada la integridad de la persona a la que están protegiendo, en vez de estar “cazando” delincuente y prestándose para el “montaje” de falsos atentados.
Abra los ojos doctor González, que para seguir pelechando del Estado como solo lo saben hacer los delincuentes, le están metiendo gato por liebre!
