La veeduría ciudadana de Santa Marta, comprobó el estado de los centros de georeferenciación, convertido en letrinas públicas y sitios de consumo de drogas.
Los miembros de la veeduría ciudadana, hicieron un recorrido por distintos centro de georeferenciación en la ciudad de Santa Marta y encontraron al estado deplorable y de abandono en que se encuentran estos sitios de atención a la población de los barrios de la capital del magdalena.
Edilfonso Orozco, uno de los integrantes de la veeduría, a través de un material fílmico que nos hizo llegar a la redacción de este medio de comunicación, pudo comprobar cómo los multimillonarios recursos que se dispusieron para la construcción de los mal llamados centros de georeferenciación, se fueron literalmente a la basura.
Uno de los centro visitados por los miembros de la veeduría, fue el del barrio Miguel Pinedo, donde claramente se puede observar que en la actualidad no existe presencia institucional de la Alcaldía de Santa Marta- siendo lo menos grave-, pues lo que existe es un sitio que alberga a personas en condición de calle y lo utilizan para hacer necesidades fisiológica además de ser lugar de consumo de drogas.
La paradoja de esta situación, es que precisamente los centros de georeferenciación iban a ser destinados a la construcción de los enlaces comunales con la Alcaldía de Santa Marta, con finalidad de atender a las comunidades en la problemáticas sociales que los aquejan, sin embargo, la situación es totalmente distinta y dichos lugares son guarida de delincuentes.
“La génesis del multimillonario negocio de los centros de georeferenciación”
La veeduría ciudadana, aparte del documento fílmico, nos contó quienes fueron los grandes beneficiados con el negocio de la construcción de los centros de georeferenciación.
La Unión Temporal Centros 2016, representada por el señor Antonio José Escorcia Navarro, fue la que obtuvo la adjudicación del contrato inicial para la construcción de los Centros. Para ello la Alcaldía del señor Rafael Martínez, les dio más de 3 mil 400 millones de pesos, sin embargo, para el año 2018 en el mes de junio, le adicionó al menos 600 millones de pesos al contrato suscrito para llegar al gran total de 4 mil millones de pesos.
La interventoría aplicada para el contrato de la Unión Temporal Centros 2016, recibió un jugoso contrato por valor de 239 millones de pesos.
“Centro de georeferenciación recibieron varias denuncias por su abandono y falta de trabajo sobre la oferta institucional”
Las denuncias ciudadanas salieron a la luz pública, debido a que los famosos centros, no prestaban los servicios para los cuales fueron contratados y la maleza hacia presa de las instalaciones. Pero a pesar de esto, el señor Rafael Martínez, miembro del Clan Caicedo, decidió continuar con sus supuestos proyectos sociales y determinó hacer una nueva contratación para el mes de diciembre de 2019, es decir a pocos días de terminar su mandato, entregó un nuevo contrato.
En esta oportunidad, el beneficiario de este nuevo y jugoso contrato fue el consorcio Centros CIR 2019, representada por el señor Ricardo José Martínez Velaidez, a quién le entregaron 1.700 millones de pesos para seguir construyendo más centros de georeferenciación. Sumando también, los más de 100 millones de pesos que le fueron entregados a la interventoría de las obras por ejecutar. Es decir, que la Alcaldía de Rafael Martínez entregó un gran total de más de 6 mil millones de pesos para los centros.
“La danza de los millones del Clan Caicedo en obras no prioritarias que hoy no funcionan”
Frente a estos hechos denunciados y evidenciados por la veeduría ciudadana, son un claro acto de presunta corrupción dónde se malgastan los recursos de los que solo se benefician a los particulares.
Edilfonso Orozco, al lado de los miembros de la veeduría, hacen un llamado a los entes de control para que tomen cartas en el asunto y con ello determinar cómo estás obras que apenas cumplen 2 o 3 años de construcción se encuentran en un estado calamitoso y sin ningún servicio para la comunidad, lo cual podría traducirse en un daño patrimonial a las arcas del distrito.
