Un capítulo abierto en las carpetas de la Procuraduría General de la Nación, tiene la controvertida Vía de la Prosperidad en el Magdalena; sin embargo, como muchos esperan los protagonistas no son ni el ex gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes ni la actual Mandataria del Departamento, Rosa Cotes. En esta ocasión la carpeta tiene el nombre de la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez.
Dicha investigación, se suma a la solicitud hecha por el senador Jorge Robledo, pero en el caso de la vía Ocaña-Gamarra, quien exige a la Fiscalía que sea revivida.
El congresista Jorge Robledo considera que existen pruebas suficientes para abrir un proceso formal en contra de la cienaguera, quien también ha sido denunciada por pretender concursar en el conflicto de intereses durante la adjudicación del contrato de la Vía de la Prosperidad en el Magdalena.
Para el congresista del Polo Democrático, existen pruebas suficientes que permiten inferir que las dos exministras incurrieron en un tráfico de influencias y conflicto de intereses al aprobar esta adición, puesto que sabían que este proyecto beneficiaba de manera directa a la familia de Gina Parody.
¿ES IGUAL EN EL MAGDALENA?
En lo que compete al Magdalena, poco o nada se ha mencionado de los presuntos intereses de la ex Ministra, oriunda de Ciénaga, que fueron denunciados ante la Procuraduría General de la Nación, por un presunto interés en contra de la obra.
Y es que no ha dejado de ser sospechoso que la ex funcionaria del Gobierno Santos investigada por el escándalo de Odebrecht, presuntamente por favorecer contratos a la familia de la también ex ministra Gina Parody, haya sido una piedra en el zapato para el desarrollo de una obra de infraestructura, solo porque no estaba de acuerdo con la firma que adelantaría las obras.
‘ESA AREPA QUIERE SAL O MANTEQUILLA’
Desde los corredores de la Procuraduría y los rumores quizás mal intencionados en el ámbito político, se ha dicho que no hubo participación de la ex Ministra en el contrato, cosa que no fue agradable para ella ni para la familia de Gina Parody.
Parody y Correa, se encuentran “calientes “en la investigación por los sobornos de Odebrecht en lo relacionado con la adición de la vía Ocaña-Gamarra al consorcio Ruta del SOL II integrado por la Constructora Odebrecht, Episol de Corficolombiana y CSS Constructores, una obra que benefició directamente uno de los puertos de la familia Parody.
Para la justicia y la opinión pública comienza a ser claro como las exfuncionarias instrumentalizaron su poder en los ministerios de Educación y de Transporte para promover sus “caprichos e intereses” personales en más de una oportunidad. Es el caso de la Vía de la Prosperidad en el departamento del Magdalena, una obra que ha sufrido toda suerte de obstáculos puestos por la exministra de Transporte y que está nuevamente en marcha en cabeza de la gobernación de Rosa Cotes y tiene a Cecilia Álvarez con una investigación en etapa de indagación en la Procuraduría General de la Nación por presunto abuso de poder y conflicto de intereses.
Este contrato fue asignado el 12 de agosto de 2013, mediante una licitación pública, al Consorcio Ribera Este integrado por las empresas barranquilleras Compañía de Ingeniería y Servicios-COINSES S.A, Consultores para el Desarrollo, Constructora F.G. S.A, y la española Assignia Infraestructura S.A, Sucursal Colombia, todas, firmas con probada experticia que tendrían que ejecutar un presupuesto de $466.000 millones, de los cuales $ 200.000 millones saldrían de las regalías del Magdalena y el resto del presupuesto del Ministerio de Transporte y del Invias.
La gobernación del Magdalena era la encargada de la asignación del proyecto y el Ministerio de Transporte, bajo la dirección de Cecilia Álvarez, tendría que escoger una firma para que le realizara la interventoría de la obra.
Previo a la asignación del contrato la Cecilia Álvarez se mostró entusiasmada, aprobó los pliegos de la licitación, pero después de un tiempo su concepto comenzó a cambiar cuando se conoció el nombre del ganador de la licitación, el consorcio Ribera Este. Álvarez se tranzó en una guerra desde los micrófonos de La W y las páginas de El Tiempo con el único fin de desprestigiar al entonces gobernador Luis Miguel Cotes y a los contratistas que no fueron de su agrado. Por más que quisiera Cecilia Álvarez no podía ocultar su doble agenda. Fue toda una embestida mediática y judicial con supuestos argumentos técnicos que nunca fueron claros ni contundentes.
En ese entonces una de las firmas de ingeniería que manifestó su interés en el mega proyecto fue la compañía ALCA Ingeniería cuya representante legal es la exdirectora del Invias, Alicia Naranjo, consuegra del presidente Juan Manuel Santos y amiga personal de Cecilia Álvarez.
El 2 de julio de 2013, dos meses antes de la adjudicación, la firma ALCA de Alicia Naranjo presentó una serie de observaciones al proceso de selección para la construcción de la vía. Sus reparos apuntaban a que los pliegos de la licitación se fueran acomodados a sus capacidades técnicas y financieras para poder entrar a la puja.
El 8 de julio de 2013 la gobernación del Magdalena respondió con argumentos técnicos negando los requerimientos de la firma ALCA: “Recordamos que los pliegos son eso, unas condiciones para que los interesados que quieran participar y que cumplan con ellas lo hagan y formulen sus ofertas, las que en igualdad de condiciones serán valoradas y calificadas. No puede considerarse que el no poder complacer a todos los interesados en sus observaciones para acogerlas, conlleve a que el proceso limite la participación de estos, ya que como se dijo, las reglas que se establecen se definen con criterios apropiados para el proceso y exclusivamente para él y no para determinado proponente en particular”. En otras palabras, que el proceso de selección era abierto y no se podía ajustar a sus necesidades específicas.
LA PELEA ES PELEANDO
La retaliación de la ministra Álvarez fue inmediata. El entonces director del Invias, José Leonidas Narváez, su subalterno y quien había delineado las condiciones del proyecto entre la nación y el departamento, decidió de manera unilateral echar para atrás el convenio interadministrativo 1266 de 2012 que tenía con el Magdalena y retirar el aporte de $266 mil millones con los que el gobierno nacional se había comprometido.
El gobernador ‘El Mello’ Cotes asumió ese hueco financiero y echó para adelante con la obra que se había adjudicado bajo todos los parámetros de ley y atendiendo una serie de observaciones de la Procuraduría que acompañó todo el proceso contractual. Pero la furia de Cécilia Álvarez se hizo sentir y llegaron las decisiones en su contra.
Acto seguido el Invias, bajo órdenes de la Ministra, interpuso una acción de tutela en el Juzgado 34 civil del circuito de Bogotá con el único propósito de echar para atrás la adjudicación de la obra. El recurso fue interpuesto el 12 de agosto de 2013 en horas de la tarde y entrada la noche el juzgado ya había tomado una decisión en favor del Ministerio de Transporte. El consorcio Ribera Este y la gobernación fueron notificados en tiempo exprés y el 13 de agosto ya había sido suspendida la adjudicación de la Vía de la Prosperidad.
La Gobernación del Magdalena y los contratistas apelaron la decisión, pero extrañamente la tutela, que no comprometía derechos fundamentales, fue escogida por la Corte Constitucional entre las millones de solicitudes que llegan al alto tribunal en casos que si comprometen los derechos fundamentales como la vida, la salud u otros de mayor importancia y competencia de la Corte Constitucional. Dos años más tarde el fallo fue a favor de la gobernación del Magdalena y se ordenó la reanudación de la obra.
Entre los argumentos de Cécilia Álvarez, la Ministra nunca manifestó alguna preferencia por estas u otras firmas y, por el contrario, presentó a los empresarios barranquilleros y españoles como vulgares delincuentes. En su estratagema para tirar por el traste la obra, la exministra tuvo como aliado al superintendente Pablo Félipe Robledo quien utilizando el poder de la superintendencia que dirige cumplió instrucciones para perseguir al consorcio Ribera Este.
¿ABUSO?
Lo denominado como abuso de poder que la Superintendencia, fue cuando se llevó sin orden judicial alguna los computadores de los integrantes del consorcio Ribera Este, fueron sancionados económicamente y les fue abierta una investigación cuyos resultados no se conocen luego de más de tres años.
El 26 de febrero de 2015 el gobernador Cotes fue sancionado por 10 meses por Procurador delegado Juan Carlos Nóvoa, sin embargo, el procurador Alejandro Ordoñez revocó la decisión en un fallo de segunda instancia.
A pesar del manejo político y mediático que tenía la entonces Ministra su abuso de poder fue evidente al punto que fue denunciada ante la Procuraduría pidiendo que se investigaran sus intereses detrás de los atropellos que había cometido contra la gobernación del Magdalena y en contra del consorcio contratista Ribera Este.
Cecilia Álvarez sigue siendo investigada por la Procuraduría por este caso, del proceso disciplinario no se conocen avances, pero si en el pleito por la Vía de la Prosperidad. Hace un par de semanas el director del Invias Carlos García y la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes llegaron a un acuerdo para seguir adelante con el proyecto y hacer realidad una obra necesaria para la conexión y el desarrollo del departamento y de la costa Atlántica y Caribe a la que se le atravesó el poder de una ministra que el Presidente Santos calificó como ‘impoluta’ pero con jugadas a tres bandas que el país comienza a conocer.
