Por: Maria Fernanda Peña
Este jueves 20 de febrero, Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y líder del grupo político que hoy gobierna el Magdalena, enfrentará una audiencia ante un juzgado en Bogotá por irregularidades en la contratación de puestos de salud durante su administración. Sin embargo, el verdadero escándalo no es solo la audiencia, sino la impunidad que ha rodeado este caso durante casi una década.
Caicedo, quien gobernó Santa Marta hasta 2015, adjudicó contratos para la construcción de cinco centros de salud con un plazo de ejecución de ocho meses. Al término de su mandato, no solo no entregó ni uno solo de estos centros, sino que dejó una estela de irregularidades contractuales que su sucesor y actual gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, perpetuó sin reparo alguno.
Martínez, lejos de corregir el desastre dejado por su mentor político, replicó el mismo modelo. Recontrató las obras, esta vez para solo cuatro puestos de salud, por el mismo valor inicial. Y, como su antecesor, tampoco logró terminarlos. Lo único que sí avanzó en este proceso fueron las maniobras para dilatar la rendición de cuentas. Entre los dos han acumulado al menos 30 aplazamientos de audiencias judiciales, usando el sistema a su favor mientras las obras permanecían en el abandono.
La negligencia de estos mandatarios llevó a la improvisada medida de arrendar casas familiares para usarlas como puestos de salud, afectando gravemente la calidad del servicio a la comunidad. Como si no bastara con la irresponsabilidad administrativa, los costos de estos contratos se dispararon de 6 mil millones de pesos a aproximadamente 15 mil millones, incluyendo sobrecostos y arriendos. Un claro ejemplo de este desfalco es el puesto de salud de Mamatoco, que terminó totalmente siniestrado.
A pesar de la magnitud del escándalo y las afectaciones directas a la vida y la salud de miles de ciudadanos, la justicia ha sido complacientes en este entramado de corrupción. Ni los procesos en la Fiscalía y los jueces de Santa Marta cuando fueron alcaldes, ni la jurisdicción de la Corte Suprema que los cobija como gobernadores han avanzado en una condena efectiva. Diez años después, la impunidad sigue reinando.
Pero el problema no se limita al Magdalena. La influencia corrupta de Caicedo ya se extiende más allá del departamento. Prueba de ello es la reciente captura de uno de sus alfiles, quien, con apenas tres días como gobernador encargado del Chocó, no tardó en replicar el mismo sello de corrupción que caracteriza a este grupo político.
Mientras la justicia cojea, los recursos públicos se desangran y los ciudadanos siguen pagando el precio de la ineficiencia y la corrupción. El caso de los puestos de salud en Santa Marta no es solo una historia de robo al erario, sino un recordatorio de cómo la impunidad sigue siendo la gran aliada de quienes se enquistan en el poder para beneficio propio.
