La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, ocupó 19 bienes que estaban a nombre de presuntos testaferros del entonces frente 42 de las Farc y su cabecilla, alias ‘Negro Antonio’ en Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca.
La Fiscalía General de la Nación impuso el primer paquete de medidas cautelares contra bienes que habrían sido adquiridos por integrantes de las Farc, luego de la decisión de la Corte Constitucional que reafirmó la competencia del ente investigador para perseguir y afectar los activos no declarados por las desmovilizada organización o que fueron obtenidos con dineros producto de su actuar ilícito.
Expertos contables de la Fiscalía verificaron el patrimonio de dos grupos familiares que registran inmuebles y establecimientos en Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca, y establecieron que, además de no existir ingresos o actividad económica que soportara el aumento de activos, habría indicios sobre su origen ilegal.
Testimonios y elementos obtenidos en distintas operaciones militares evidenciaron que algunos integrantes de las dos familias investigadas serían testaferros del entonces frente 42 de las Farc, en cabeza de Bernardo Mosquera Machado, alias ‘Negro Antonio’; y que los bienes a su nombre, al parecer, fueron comprados con dineros producto de extorsiones y secuestros que esta estructura criminal ejecutó entre 1994 y 2009.
Extinción de dominio En el rastreo financiero fueron identificados 19 bienes que harían parte de esas propiedades adquiridas con recursos ilícitos, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares. Los bienes afectados superan en valor los 20 mil millones de pesos y están representados en 3 establecimientos comerciales y 16 inmuebles (9 viviendas y 7 fincas que suman 70 hectáreas de tierra). Todos fueron ocupados en diligencias cumplidas por personal del CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana en Cali (Valle del Cauca), Neiva (Huila), y Bogotá, Viotá y Apulo (Cundinamarca).
Tal cual lo señaló el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, luego de conocer la decisión de la Corte Constitucional, del pasado 28 de marzo, y en atención a los parámetros legales, los activos ilícitos provenientes de las Farc serán destinados a la reparación e indemnización de las víctimas del conflicto y quedarán transitoriamente a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
En el presente año, la Fiscalía ha impuesto medidas con fines de extinción de dominio a 59 bienes cuyo origen sería el actuar ilegal de las Farc y ascienden a 31 mil millones de pesos. Desde agosto de 2016 a la fecha, son 1.767 los bienes afectados por la misma circunstancia y su valor supera los 2.4 billones de pesos.
