Dagoberto Granados, exdirector de Espa hoy Essmar y quién es esposo de Ingrid Padilla, miembro del Clan Caicedo, presiona a contratistas de la Essmar.
Redacción: ElArtículo.co
Una grave denuncia llegó a la redacción de Elartículo.co, sobre la indebida forma en la que altos funcionarios de la Essmar, le están exigiendo llenar unas listas con al menos 15 personas para que las mismas participen en marchas de defensa del Clan Caicedo pero además para ir teniendo una base de datos electoral de cara a las campañas políticas de cámara y Senado de 2022.
De acuerdo con la información que hemos obtenido, el señor Dagoberto Granados, es quién lidera las reuniones en las propias instalaciones de la Essmar. Para el ingreso a la reunión, el personal contratista y funcionarios son sometidos a una requisa completa e incluso sus celulares son decomisados para evitar grabaciones y fotografías.
En el marco de la reunión, los señores Dago Granados y Enrique Saade, le informan a quienes tienen contrato con la Essmar que la única forma para mantener sus puestos es con el compromiso de buscar a 15 personas que sirvan electoralmente, de lo contrario serán sacados de la entidad y para ello les recuerdan que cuentan con al menos 5 mil hojas de vida de personas dispuestas a tener el compromiso que requieren.
Dentro de la información que deben incluir los auxiliadores electorales de los contratistas y funcionarios de la Essmar, es que deben tener sus redes sociales activas, pues para Carlos Caicedo la “BIG TECH” es una de sus armas de defensa y publicidad a nivel local y regional. Ya son conocidos los ataques y tendencias de los HT que promueven el Clan Caicedo en Twitter y Facebook.
Quienes denunciaron este hecho, advierten que están cansados del abuso y el atropello de los altos funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta, que en cada momento los obligan a realizar estos actos políticos con la amenaza de despedirlos, pero también critican como estos miembros del Clan Caicedo se vienen enriqueciendo de manera exponencial siendo pocos los favorecidos.
¿Hay delito en las acciones del señor Dagoberto Granados y el gerente de la Essmar?
Elartículo.co, consultó a varios juristas para conocer si la actuación de los funcionarios de la Essmar, están enmarcadas dentro del código electoral.
De acuerdo con los juristas, existe un claro constreñimiento electoral en contra de los contratistas y así lo establece el código penal colombiano.
Constreñimiento al Sufragante: según el artículo 387 del Código Penal, la persona que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.
Fraude al Sufragante: El que mediante maniobra engañosa, obtenga que un ciudadano vote por determinado candidato, partido o corriente política, o lo haga en blanco. La persona incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. En igual pena incurrirá quien por el mismo medio obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado sentido.
Pero además de lo señalado por la legislación penal, también esta conducta puede ser denunciada ante la autoridad del trabajo para que investigue la actuación de los funcionarios que acosan laboralmente al personal de trabajo para que a través de presiones tomen actos indebidos.
