Desde hace 8 años en la ciudad de Santa Marta se avivó de forma inusitada la forma de hacer política con el retrovisor en la mano y con ello justificar cualquier asomo de crítica e incompetencia.
Quienes hasta ahora tienen la oportunidad de escuchar radio, o aquellos que hace 5 años saben lo que es una red social, no conocieron la historia y los debates que se produjeron ante la crisis financiera que soportaba el Distrito de Santa Marta por la mala administración de los gobiernos Solano y Gnecco.
La capital del Magdalena estuvo a punto de desaparecer y por aquella época se decía que el escenario financiero fue tan tétrico que lo más probable era que íbamos a pasar ser un corregimiento de ciénaga.
Desde los medios de comunicación críticos de la administración, se cuestionaba la forma en cómo se habían dilapidado los dineros de los samarios y cayeran en manos de la corrupción, pues la propuesta que se planteaba era la de acogerse a la ley de reestructuración de pasivos o como comúnmente se conoce “Ley 550” de 1999.
Con la aplicación de la 550, se iban a afectar las inversiones en el sector social, es decir, cero vías, cero saneamiento básico, cero escenarios deportivos, etc, en razón a que los dineros recaudados en materia de impuestos en su mayoría debían ser destinados al pago de las deudas que tenía el Distrito y evitar su quiebra.
Desde el Concejo Distrital se levantaba voces en favor de la implementación de la 550, entre ellos el Concejal Juan Carlos Palacio, quien en su momento afirmaba que la ciudad de Santa Marta no podía asumir el riesgo de desaparecer ante su inminente quiebra, que más allá del costo político por votar la aplicación de reestructuración de pasivo se debía pensar en el futuro promisorio que iba a llegar, donde las inversiones en temas estructurales serian realmente las que demostrarían que esta decisión era la mejor opción.
Rayos y truenos llovieron entonces en contra del Alcalde de la época, Jose Francisco Zúñiga, por haber suscrito el acuerdo de la 550 con el Ministerio de Hacienda, dejando a la ciudad sin la posibilidad de hacer inversiones de impacto social.
¿Pero entonces que hace un Alcalde si no puede hacer obras en beneficio del pueblo?
El costo político fue duro ante la comunidad samaria, pero en conjunto con el concejo se iniciaron una serie de incentivos tributarios para que la empresa privada mirara de manera atractiva la ciudad para que los empresarios hicieran inversiones.
Fue así como de logró la llegada del Ocean Mall “Carrefour” y el centro comercial buenavista, donde se exigió que la mayoría del personal de trabajo para estos establecimientos fueran nativos de Santa Marta y el Magdalena.
Pero no solo fueron centros comerciales, también la construcción de Colegios y Megacolegios para mejorar las condiciones y la calidad educativa para los sectores del yucal, el cisne, la Rosalía, la paz, gaira y Cristo Rey, todo esto último en cabeza de Juan Pablo Diazgranados.
En suma, zúñiga y Diazgranados hicieron la tarea de cuidar la salud financiera de la Alcaldía con la finalidad de salvaguardar a la ciudad ante el compromiso adquirido con el Ministerio de Hacienda y así evitar la quiebra.
¿Cuál fue el plazo de cumplimiento de la 550 en Santa Marta?
El Alcalde Jose Francisco Zúñiga suscribió el acuerdo con Hacienda, por 14 años, en ese orden ideas obligó a Juan Pablo Diazgranados a cumplir con los compromisos de la 550, quienes además dado su gestión fiscal reconocida a nivel nacional lograron recortar el plazo inicial y fue así como a los dos años de haber iniciado el gobierno liberal de Carlos Caicedo se pudo suscribir el acta que daba por finalizada la aplicación de la 550 debido a que habían superado la crisis financiera.
Con lo anterior, quedó entonces el Distrito con la “pulpa”, es decir, con todo el dinero disponible para hacer las inversiones estructurales que requería la ciudad en cualquier campo.
¿Será que Caicedo y Martínez vivían en Santa Marta?
Es una pregunta valida, porque el discurso con el que tienen subyugado a sus seguidores es que la problemática del Agua viene de hace 40 años, luego entonces si eso es así ¿porque no invirtieron o direccionaron los grandes ríos de dineros en solucionar el verdadero de problema de la ciudad que era la escasez de agua?
La respuesta es sencilla, es que lo que se ve es lo que se vende, y claro hacer unos parques, reconstruir una cancha de fútbol, reconstruir un puesto de salud, tienen un impacto mediático visual, distinto a una tubería que va por debajo de la tierra pero que realmente hubiese sido un alivio para miles de samarios.
Lo que hoy vale hacer las obras de acueducto y alcantarillado en Santa Marta, es lo que se han gastado en maquillaje y politiquería.
Muchos dirán que con dineros del Distrito se hicieron los escenarios deportivos de la villa olímpica, pero esa afirmación sería falsa, toda vez que el Coliseo menor, el mayor, el complejo de raquetas, la cancha de béisbol y softbol, la pista de BMX y atletismo, fueron hechos con dineros del gobierno nacional bajo la dirección de Coldeportes, adicionando que estas obras fueron terminadas y entregadas.
Cosa contraria ocurrió con los dos únicos escenarios deportivos que contrató la administración de Caicedo y Martínez, el Estadio Sierra Nevada y el coliseo de Gaira, ambos están siendo investigados por la fiscalía debido a sus sobre costos y retrasos, después casi dos años aún no han sido entregados y se empiezan a deteriorar.
Para resumir, se acaba el mito, se acaba el falso discurso, el caballito de batalla de los de “ahora” y con ello queda claro lo siguiente:
La 550 la implementa Chico Zúñiga, la continua Juan Pablo y Caicedo para que dos años después se cumpla el plazo y entre éste último en conjunto con Martínez tienen el mayor presupuesto en la historia de Santa Marta para solucionar e invertir en la recuperación de los problemas estructurales de la ciudad y como está evidenciado lo que hicieron fue el mayor maquillaje posible sin darle solución a los mismos.
Pd:
1. ojo el plazo de ejecución inicial de la 550 fue de 14 años y de recortó por el buen manejo fiscal del Distrito.
2. Les dejamos el acuerdo de la ley 550 entre el Distrito y el Ministerio de Hacienda.
