Más de 300 familias cafeteras de Palmor, en Ciénaga (Magdalena), denunciaron presuntas irregularidades en procesos de restitución de tierras y solicitaron investigaciones contra funcionarios de MinAgricultura, la URT y la ANT.
Más de 300 familias cafeteras de Palmor, corregimiento de Ciénaga, Magdalena, hicieron pública una denuncia en la que aseguran que las actuaciones del Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estarían generando un conflicto social entre campesinos e indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Según los productores, las decisiones adoptadas por estas entidades, relacionadas con procesos de restitución de tierras y reforma agraria, habrían sido implementadas sin la participación de las comunidades cafeteras, situación que, afirman, ha puesto en riesgo la estabilidad económica y social de cientos de familias que durante décadas han cultivado café en la región.
Los voceros sostienen que muchos de los campesinos son tenedores de buena fe y que llevan entre 50 y 80 años ocupando y trabajando las tierras. En ese sentido, aseguran sentirse víctimas de un proceso de revictimización al considerar que están siendo señalados como presuntos despojadores, pese a que manifiestan contar con títulos y escrituras que respaldan su permanencia en el territorio.
Denuncian afectaciones económicas y presunta estigmatización
Dentro del documento radicado por 151 productores, los campesinos exponen varias situaciones que consideran vulneraciones a sus derechos. Entre ellas mencionan una supuesta estigmatización por parte de funcionarios de la URT, quienes, según los denunciantes, los habrían presentado como opositores a la paz y como obstáculos para el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.
Asimismo, afirman que los procesos judiciales y las medidas cautelares relacionadas con la restitución de tierras han dificultado el acceso a créditos, asistencia técnica y comercialización del café, afectando la cosecha correspondiente al periodo 2025-2026.
Los productores también sostienen que algunas demandas presentadas ante jueces de restitución contienen información que, a su juicio, perjudica a familias campesinas integradas por mujeres, adultos mayores y niños, pese a que aseguran haber actuado siempre de buena fe.
Además, manifiestan que existe un presunto desplazamiento por vía jurídica, argumentando que los procesos no estarían aplicando el principio de buena fe exenta de culpa contemplado en la Sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional.
Piden investigaciones y la destitución del director territorial de la URT
Como parte de sus solicitudes, las familias cafeteras pidieron al Gobierno Nacional revisar las actuaciones adelantadas por el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras.
Igualmente, solicitaron investigaciones penales y disciplinarias contra funcionarios que, según indican, habrían incurrido en actuaciones que vulneran los derechos de los campesinos.
De manera específica, los denunciantes pidieron que se investigue al director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, José Humberto Torres Díaz, a quien señalan de presuntas actuaciones parciales durante los procesos desarrollados en la Sierra Nevada. Los productores solicitaron que las investigaciones avancen hasta esclarecer los hechos y que, de comprobarse responsabilidades, se adopten las medidas correspondientes.
Finalmente, hicieron un llamado a la Asamblea Departamental del Magdalena y a los congresistas del departamento para que ejerzan control político sobre la situación y promuevan medidas que permitan garantizar la seguridad jurídica de las familias cafeteras de Palmor.
En su pronunciamiento, los productores reiteraron que no son delincuentes, guerrilleros ni despojadores, sino campesinos que generan empleo y desarrollo para la región, por lo que solicitaron al Estado revisar los procesos que, según denuncian, ponen en riesgo su permanencia en la capital cafetera del Caribe colombiano.
