“El pueblo colombiano es testigo, de como una vez más esta justicia transicional fue creada a la medida de las necesidades de esta guerrilla, que en nada beneficia a las víctimas, pues ni verdad, ni justicia y mucho menos reparación se ha visto”. Emiro J. Castro Meza.
El 25 de marzo de 2010, Heriberto Grueso de tan solo 11 años, fue engañado por las Farc para que llevara un paquete a la estación de policía de El Charco en Nariño, pero antes de que él llegara a su destino, los guerrilleros activaron la bomba y lo asesinaron. Al menor le habían ofrecido $1.000 pesos por hacer este “mandado”.
En el 2002, en la base militar de Vista Hermosa en Meta, el ejercito recibió envuelto en papel el cadáver de un niño de tan solo 14 años. El frente 27 de esta guerrilla firmó una carta y justificó su cruel asesinato acusándolo de ser un infiltrado en las filas de las Farc.En la JEP por estos días se debate el caso Nº 7 “reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano”, los máximos lideres de las Farc están rindiendo sus versiones y, literalmente, se están lavando la cara frente a la víctimas, sus familias y todo el país, negando tajantemente el reclutamiento o minimizando su responsabilidad aduciendo que no era una política de ellos reclutar menores y que de haberse dado el caso, no tienen conocimiento o no lo ordenaron directamente.
“Alias Solís Almeida, exjefe del Bloque Martín Caballero, fue reclutado en 1989 a sus 16 años y alias Leonardo Guerra, excomandante del Frente 59, ingresó a las Farc a sus 10 años”.
“A las Farc se llegaba conscientemente” dijo Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, exjefe de las Farc, quien firmó el acuerdo de paz.
Tratando de desviar la atención sobre el reclutamiento forzado, dice que la edad mínima para pertenecer a un ejército de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario son 15 años.
Carlos Lozada, otro de los líderes de las Farc, dice que tampoco tuvo conocimiento directo del reclutamiento, pero reconoce que esa organización si ejecutaba acciones de “deporte y cultura” con los menores, y que dictaban cursos para los menores cuando decidían ingresar a las filas de la guerrilla.
Lo que no cuenta Lozada es que esos cursos, eran escuelas de reclutamiento y adoctrinamiento conocidas como “clubes infantiles bolivarianos” promovidos por ese grupo terrorista como su retaguardia estratégica.
En 2001, alias Vanesa, capturada por el ejercito, contó cómo en los Llanos del Yarí había una escuela de estas en la que tenían a 16 menores reclutados ilegalmente de entre los cuatro y 15 años de edad. Pero, más allá de la lavada de manos sin precedente que les esta permitiendo la JEP a los máximos responsables de las Farc – ep, los hechos dicen otra cosa.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, en Colombia entre 1960 y el 2016 se reclutaron 16.879 menores de 18 años, el 54% de estos reclutamientos fueron documentados a esa guerrilla, el 27 % a las AUC y el 10% al ELN.
“Este hombre me manoseaba y me obligaba a tener relaciones sexuales. Como me resistía me golpeaba”.Son miles los casos de reclutamiento y utilización de menores que las Farc no pueden negar, basta solo con recordar unos pocos casos desgarradores que han conmovido al país y que dan cuenta que estos no son casos aislados sino una estrategia de guerra de este grupo terrorista.
El primer reclutamiento ilegal que se tiene registro fue en 1973, una niña menor de 15 años que guardó silencio 43 años por miedo. Relató como la entrenaron en el uso de las armas y como la violaron en repetidas oportunidades: “Me obligaban a dormir con el comandante alias Cruz, así le decían. Este hombre me manoseaba y me obligaba a tener relaciones sexuales. Como me resistía me golpeaba. (…) Fui violada por este comandante durante todos los días una o dos veces al día. Durante los seis meses que estuve reclutada me convirtió en su mujer”.
Para las Farc la indignación que se ha generado en el país, por su negativa a reconocer su participación en el reclutamiento, hace parte de una estrategia de sus contradictores políticos por desprestigiar el proceso de paz y la JEP.
Pero, quienes están desprestigiando y deslegitimando el proceso de paz no son sino ellos mismos, que se atreven a negar una realidad palpable y desconociendo la necesidad que tiene el pueblo colombiano y las víctimas de conocer la verdad.
El daño que están causando Timochenko, Lozada y Sandra Ramírez al proceso de paz y a la misma JEP, negando el reclutamiento, es irreparable.
El pueblo colombiano es testigo, de como una vez más esta justicia transicional fue creada a la medida de las necesidades de esta guerrilla y que en nada beneficia a las víctimas, pues ni verdad, ni justicia y mucho menos reparación se ha visto.
La JEP tiene una responsabilidad muy alta en la supervivencia del proceso, de las decisiones que tome frente a las Farc y los demás participantes en esta jurisdicción, dependerá la legitimidad que necesita el proceso, pero mientras las Farc sigan, descaradamente, negando su participación en el reclutamiento y utilización de menores, tratando de lavarse las manos en los mandos medios o en “simples errores tácticos” en el ejercicio de la guerra, el proceso seguirá hundiéndose.
Hoy esa legitimidad esta perdida. Todos quienes apoyaban el proceso, tenían muy claro que la “batalla por la paz” no se acababa con la firma del acuerdo y que siempre dependería de la legitimidad que recibiera de los ciudadanos, especialmente en los procesos de verdad y justicia transicional y reparación.
Pero el pueblo colombiano está escéptico, las verdades a medias, los escándalos de corrupción en la JEP y el cinismo de las Farc han minado la confianza y la posibilidad de una verdadera reconciliación.
