La exmandataria deberá responder ante la justicia por un contrato de esterilización animal que habría generado un presunto detrimento millonario. La Fiscalía pidió imputación y medida de aseguramiento por peculado y contratación irregular.
La exalcaldesa de Santa Marta y actual secretaria de Hacienda del Magdalena, Virna Lizi Johnson Salcedo, vuelve a quedar en el centro de un proceso judicial por presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación pública. La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, dentro de un proceso que cursa en el Juzgado 8 Penal Municipal de Santa Marta.
El caso gira alrededor de un contrato suscrito durante su administración para la esterilización de animales en el Distrito, el cual habría presentado millonarios sobrecostos y gastos que hoy son objeto de investigación penal. Junto a la exmandataria también fue llamada a audiencia la contratista Rosibel Carrillo De la Cruz, representante legal de la fundación que ejecutó el convenio cuestionado.
La audiencia fue programada para el próximo 2 de julio y se realizará de manera virtual. Allí, la Fiscalía presentará formalmente el escrito de acusación y sustentará la solicitud de medida de aseguramiento contra ambas procesadas.
Un contrato bajo la lupa
La denuncia fue instaurada en noviembre de 2020 por el médico veterinario Jherson Hernández, egresado de la Universidad del Tolima, quien alertó sobre presuntas inconsistencias financieras en el contrato de esterilización animal financiado con recursos públicos.
Según el denunciante, el Distrito habría pagado cerca de 500 millones de pesos por aproximadamente 2 mil esterilizaciones, pese a que, con ese mismo presupuesto, se habrían podido realizar hasta 5 mil procedimientos. Uno de los puntos más cuestionados fue el valor reportado de algunos insumos médicos, que presuntamente pasaron de costar entre 5.500 y 6.000 pesos en el mercado a ser facturados por cerca de 65 mil pesos dentro del contrato.
La investigación también advierte posibles irregularidades en otros rubros, como la compra de 2 mil lapiceros, gastos de transporte de animales cercanos a los 16 millones de pesos y refrigerios presuntamente sobrevalorados. Para varios sectores ciudadanos, este caso revive las críticas históricas sobre la falta de control en la contratación pública distrital y el manejo de recursos destinados a programas sociales y de bienestar animal.
Investigación avanza en medio de cuestionamientos políticos
El avance del proceso judicial genera impacto político en el Magdalena, debido a que Virna Johnson actualmente ocupa un cargo estratégico en la administración departamental. Analistas consideran que esta nueva actuación de la Fiscalía podría intensificar el debate sobre la transparencia en las administraciones anteriores de Santa Marta y el seguimiento a contratos financiados con dinero público.
Aunque la exalcaldesa no ha sido condenada y conserva la presunción de inocencia, el hecho de que la Fiscalía solicite medida de aseguramiento evidencia la gravedad de los hallazgos preliminares recopilados durante la investigación.
La expectativa ahora está puesta en la audiencia del próximo 2 de julio, donde la Fiscalía buscará convencer al juez de que existen suficientes elementos materiales probatorios para avanzar en el proceso penal contra las implicadas.
