En el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley 30 de 1992, la Universidad del Magdalena alzó su voz para exigir un incremento en las transferencias de recursos a las universidades públicas, señalando que el modelo actual de financiación es insostenible e insuficiente. Durante la audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 212 de 2024, el Vicerrector Administrativo de UNIMAGDALENA, Jaime Noguera Serrano, expuso la necesidad de un mecanismo adicional de asignación de recursos que garantice cobertura y calidad en la educación superior.
Un modelo de financiación desigual
En su intervención ante el Senado de la República, el ingeniero magíster Noguera Serrano cuestionó la distribución de los recursos públicos, resaltando que cinco universidades nacionales reciben el 50 % de las transferencias estatales, pese a que solo representan el 24 % de la cobertura estudiantil. En contraste, el 50 % restante del presupuesto se reparte entre las otras 29 universidades públicas que concentran el 76 % de la matrícula a nivel nacional.
«No podemos seguir dependiendo de la voluntad política del gobierno de turno para definir la financiación de la educación superior pública. Es urgente que la reforma contemple la obligatoriedad de asignar recursos adicionales de manera estructural», enfatizó Noguera Serrano, quien además reconoció la disposición del actual Gobierno Nacional para abordar esta problemática.
El Vicerrector subrayó la crítica situación en los territorios, tomando como referencia la Universidad del Magdalena, que ha visto crecer su número de estudiantes de 3.000 a 27.000 en los últimos 23 años, mientras que la cobertura en educación superior en el departamento se mantiene en apenas un 33 %, incluyendo la oferta del SENA.
Propuestas clave en la reforma
El debate sobre la reforma, realizado en Bogotá bajo el título ‘Rescatamos la educación pública’, fue impulsado por la Comisión Sexta del Senado en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional. En este espacio se propuso la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con varias iniciativas clave:
- Integración del financiamiento: Se busca unificar los recursos para las 34 universidades públicas y las 30 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que actualmente están excluidas del sistema de financiación.
- Creación del Índice de Costos a la Educación Superior (ICES): Un indicador desarrollado por el DANE que permitiría actualizar la asignación de recursos conforme a la evolución real de los costos educativos.
- Asignación de recursos adicionales: Destinados a mejorar la cobertura, reducir brechas, fortalecer la permanencia estudiantil, formalizar el empleo docente y elevar la calidad educativa.
Compromiso con la educación pública
UNIMAGDALENA reafirmó su compromiso de participar activamente en los debates y audiencias que se desarrollen en el Congreso durante el trámite legislativo del Proyecto de Ley 212 de 2024. La institución busca asegurar que la asignación de recursos refleje las necesidades reales de las universidades públicas del país, en pro de una educación superior de calidad, con equidad y sostenibilidad a largo plazo.
