“El problema no es que se destapen los escándalos de corrupción en la justicia, pues nada justifica tapar las manzanas podridas para vender la canasta completa”.
Emiro J. Castro Meza.
Hace pocos días Yolanda Ruíz en una de sus columnas semanales escribió: “Que bueno sería que a la justicia no le pidieran privilegios para los poderosos y que pudiéramos confiar en que será ciega para trata a todos por igual, como dicen las leyes”, una frase válida al fervor reciente que ha causado la detención domiciliaria del Expresidente Uribe por orden de la Corte Suprema de Justicia. Lo que cuesta del desgaste de la institucionalidad de la justicia, es que cada vez más sus decisiones son desconocidas y criticadas por un grado mayor de la población.
Quizá, el debate no deba plantearse desde la óptica de que los ciudadanos pidamos a la justicia privilegios para los poderosos, esa no es la razón del descontento de la gente frente a la Corte. La crítica y el desconocimiento surgen de la imposibilidad que tiene hoy la justicia para sostener una medida cuando no ha actuado de la misma forma frente a unos y otros, sino que no ha sido ciega para tratar con el mismo racero a todos.
El “Cartel de la Toga”, los sobornos para manipular el reparto de las tutelas en la Corte Constitucional, el caso “Pretelt”, el caso Tarquino Ex presidente de la Corte Suprema citado a interrogatorio, el carrusel de los “falsos testigos”, sin mencionar los casos contra jueces, fiscales y magistrados en las regiones, estos casos de corrupción en la justicia son los que no nos hacen creer en ella. Estamos de acuerdo todos en que la justicia está en crisis, nadie lo duda ni puede ocultar.
Los colombianos nos hemos dado cuenta que la magistratura está rota.
Esta conclusión no es simplemente a partir de la detención de Uribe y de que medio país se alegró, o de la libertad de Santrich, y que la otra mitad del país también se alegró. La conclusión surge de la propia indignación y de los reparos que se tienen contra cada decisión de la justicia, porque los colombianos nos hemos dado cuenta, con cada escándalo en las Cortes, que la magistratura está rota.
El problema no es que se destapen los escándalos de corrupción en la justicia, pues nada justifica tapar las manzanas podridas para vender la canasta completa. El problema está en que la credibilidad de la institución depende de sus miembros, y la pérdida de los valores en los magistrados, se transforma en una degradación colectiva de las Cortes.
El peligro sustancial de esta crisis es que, sacando las manzanas podridas de la canasta, nos dimos cuenta que son tantas, que se están removiendo las ideas y las creencias sobre las cuales se sostiene la justicia en Colombia. Es decir, por culpa de los magistrados ya no encontramos justificación en ninguna decisión de las Cortes. Esa falta de confianza está arrastrando a todas las instituciones tradicionales y no sólo a la justicia, también le sucede al Congreso, a las Fuerzas Militares y hasta a las Iglesias.
La reforma a la justicia se debe hacer desde abajo garantizando el acceso ciudadano, se requiere aprovechar la crisis para salir de ella.
Es urgente un llamado a la unidad para salvar la justicia, que sea superior a una organización burocrática y de los intereses del Congreso. La reforma a la justicia se debe hacer desde abajo garantizando el acceso ciudadano, se requiere aprovechar la crisis para salir de ella, fijar los objetivos de tal forma que cuando se llegue a las discusiones políticas, estos sean inamovibles y la reforma cumpla su cometido, que no puede ser otro que recuperar la credibilidad en la institucionalidad, más allá que en las personas.
El desarraigo sobre lo tradicional puede ser muy peligroso en una sociedad como la actual, donde la rapidez de la información, se traduce en la inmediatez de la indignación colectiva y el peligro inminente de una destrucción de los valores democráticos empujados por los llamados, cada vez más fuertes a la anarquía y al desconocimiento de la autoridad disfrazadas de “grandes alianzas para defender el proceso de paz”.
Necesitamos una justicia en la que podamos confiar todos, una justicia más allá de la reforma misma, aunque suele raro decirlo, una justicia apegada estrictamente a la ley, solo así dejaran de desconocer sus actuaciones y de exigirle tratamientos especiales para los poderosos.
