NRGI advierte que la transición energética en Colombia requiere planificación territorial, reducción de la dependencia del petróleo, diversificación económica regional y una política de Estado que garantice justicia en las regiones productoras.
En vísperas de la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles que se realizará en Santa Marta, el Natural Resource Governance Institute lanzó una advertencia clave: Colombia necesita con urgencia una planificación territorial sólida para enfrentar los retos de la transición energética. La organización enfatizó que el país debe dejar atrás el enfoque de corto plazo centrado en el abastecimiento y avanzar hacia una estrategia estructural que permita reducir la dependencia de los combustibles fósiles en las regiones productoras.
Según el análisis de NRGI, la transición energética en Colombia no puede abordarse únicamente desde metas nacionales o compromisos climáticos, sino que debe construirse desde los territorios. Esto implica fortalecer alternativas económicas locales, anticipar riesgos sociales e institucionales, y evitar que los costos del cambio recaigan de forma desproporcionada sobre las comunidades que históricamente han dependido del petróleo y el gas.
Putumayo, una alerta temprana
El caso del Putumayo se ha convertido en un ejemplo crítico. Entre 2015 y 2024, su producción petrolera cayó un 47,3 %, generando impactos fiscales y sociales en una región altamente dependiente de las regalías. Para expertos, esta situación evidencia la falta de una hoja de ruta clara que permita gestionar la transición de manera ordenada.
Desde NRGI advierten que sin planificación, el país podría enfrentar una crisis en varias regiones. La transición energética, explican, debe incluir variables como la caída en la producción, la fragilidad de las economías locales, la capacidad institucional y la protección de ecosistemas estratégicos.
Una política de Estado pendiente
El organismo también subraya que Colombia aún no ha logrado revertir la disminución sostenida en la producción de hidrocarburos, pese a que el sector representa cerca del 3,14 % del PIB y más del 30 % de las exportaciones. En este contexto, se hace urgente una política de Estado de largo plazo que defina el destino de las regalías, impulse la diversificación productiva y establezca criterios de justicia territorial.
Finalmente, NRGI insiste en que la discusión energética debe evolucionar: no basta con garantizar suministro, sino transformar de manera justa los territorios. La transición energética en Colombia, concluyen, será viable solo si se planifica desde las regiones y con la participación activa de sus comunidades.
