El principal santuario natural de Colombia amaneció nuevamente sin visitantes. Las taquillas cerradas y la custodia de la Fuerza Pública marcan un nuevo capítulo en la crisis administrativa del Parque Nacional Natural Tayrona, el área protegida más visitada del país, que hoy enfrenta no solo un pulso institucional, sino también un impacto económico inmediato sobre Santa Marta y el Caribe.
El cierre total se produjo luego de que las comunidades indígenas kogui aceptaran retirarse del control directo que ejercían dentro del parque, tras la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. La decisión evitó un posible enfrentamiento y trasladó la tensión al escenario institucional. El próximo 27 de febrero será clave: ese día se discutirá una hoja de ruta para definir el futuro administrativo y la participación de las comunidades en la coadministración del área protegida.
Un parque estratégico para la economía regional
El Tayrona no es un destino cualquiera. En 2024 registró 615.599 visitantes, lo que representa el 46,5 % de los ingresos a áreas protegidas con vocación ecoturística abiertas al público en Colombia. Junto con Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, concentra más del 78 % del flujo turístico en la Dirección Territorial Caribe.
La suspensión de actividades ocurre en plena temporada de alta demanda, con paquetes turísticos ya comercializados a nivel nacional e internacional. Desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) advierten que el Tayrona es uno de los productos más vendidos del portafolio colombiano de naturaleza. La incertidumbre obliga a tramitar cancelaciones bajo figura de fuerza mayor y afecta la confianza de los mercados emisores.
Pequeños comerciantes y operadores locales también sienten el golpe. Algunos aseguran que la situación de inestabilidad e inseguridad no es nueva y que los cierres recurrentes han generado pérdidas acumuladas durante años.
Seguridad, control y reclamos históricos
Tras la primera mesa de diálogo —con participación de Parques Nacionales, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, autoridades locales y organismos de derechos humanos— la Policía, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, reforzó la custodia del parque con presencia preventiva, operativa e investigativa.
El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea explicó que el despliegue contempla educación ambiental, patrullajes, control de actividades ilegales y acciones judiciales contra quienes afecten el ecosistema.
Sin embargo, el fondo del conflicto sigue intacto. Las comunidades kogui insisten en su derecho a participar en la toma de decisiones, el reconocimiento de autoridades ancestrales y garantías dentro de su territorio. El Estado, por su parte, mantiene el control administrativo mientras se negocia una fórmula que combine conservación, gobernanza compartida y estabilidad turística.
El 27 de febrero no solo definirá protocolos de administración. También marcará el rumbo de uno de los motores económicos más importantes de Santa Marta. Lo que está en juego no es únicamente la reapertura del parque, sino la manera en que Colombia concilia conservación ambiental, derechos ancestrales y sostenibilidad económica en uno de sus destinos más emblemáticos.
