La petición es que no se haga la modificación hasta que no pase la crisis.
De conformidad con la Ley 1797 de 2016, el pasado 31 de marzo vencía el período
de los 933 Gerentes y Directores de las Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, departamental y municipal,
en todos los niveles de complejidad y distribuida en todo el territorio nacional y dado que en algunos municipios la red pública es la única opción existente, el Procurador General de la Nación, pidió al Presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes, extender sus contratos.
Sin embargo, para la fecha de hoy, 1 de abril, se conoció que dicha petición, al parecer no fue tenida en cuenta, pese a que la PGN había advertido a través de un documento dirigido al presidente Iván Duque, desde el pasado 19 de marzo, en el cual solicitaba prolongar los contratos de los gerentes de hospitales públicos del país.
La petición fue hecha por este organismo de control considerando que el cambio inmediato de los gerentes de las
ESE, puede generar riesgos para la continuidad de las acciones orientadas a la contención del contagio y mitigación del COVID-19, debido a que de hacerlo en este momento, eso implicaría no solo un tema de empalme, sino además cambios en la toma de decisiones, lo cual en este momento no le sirve ni al país, ni a la salud, ni al sistema.
Por tal razón, el Ministerio Público también habría recomienda extender el período de los actuales gerentes hasta que se encuentre superada la pandemia.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de las funciones constitucionales y legales y con la finalidad de contribuir a la adopción de las medidas necesarias para afrontar la pandemia COVID-19, deja a consideración del Gobierno Nacional, una serie de propuestas de medidas que generarían un impacto positivo en el sector salud, entre ellos:
-Pago de acreencias de ADRES con la red pública hospitalaria.
-Fortalecer la infraestructura pública hospitalaria para atender la demanda
incremental de servicios médicos y camas de cuidados intensivos, derivados de la
extensión del COVID-19.
-Congelamiento de precios de medicamentos, insumos médicos y de laboratorio clínico y equipos médicos.
-Inventario de la infraestructura médico asistencial y alternativas de expansión,
construcción y/o habilitación de centros de atención y aislamiento.
-Garantía de atención oportuna e integral en la red de IPS públicas y privadas a
nivel nacional.
