El Ministerio Público evidencia importantes retrasos en obras pagadas por los bogotanos desde hace diez años.
La Procuraduría General de la Nación inició vigilancia preventiva a la ejecución de las obras de valorización aprobadas para la ciudad de Bogotá en los años 2013 y 2018, en el marco de la actuación preventiva, la PGN evidenció que las obras han sufrido diferentes modificaciones que las llevan atener porcentajes de avance muy bajos.
Con respecto al Acuerdo 724 de 2018, el Ministerio Público advirtió quesolo se ha hecho entrega de uno (1) de los más de 15 proyectos aprobados, el 67 % está en ejecución con un porcentaje de avance del 28 %, el 17 % de los proyectos se encuentran suspendidos y del 11 % no se suministran datos.
Frente al cumplimiento del acuerdo 523 de 2013,solamente el 55 % de las obras aprobadas han sido entregadas, un 36 % tienen un porcentaje de ejecución inferior al 51 % y del 9 % no se suministran datos de ejecución.
Teniendo en cuenta que la función preventiva que despliega la Procuraduría General busca anticiparse a la ocurrencia de situaciones que afecten el patrimonio público y el ordenamiento jurídico, se requirió al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- para que respondiera frente las razones en los retrasos de la ejecución, la situación jurídica del gran número de proyectos suspendidos, el manejo dado a los recursos que fueron recaudados desde hace tantos años y el plan de acción de la administración para darle cumplimiento a las obras que los bogotanos han esperado desde el año 2013.
El ente de control no solo teme que las obras queden inconclusas, sino que también los atrasos de los proyectos puedan causar un grave detrimento patrimoniala la Nación. Por lo anterior, el Ministerio Público instalará una mesa de trabajo de seguimiento permanente a la ejecución de las obras de valorización, donde exhortará a las entidades involucradas a levantar las respectivas suspensiones y en consiguiente garantizar la ejecución de cada uno de los proyectos para cumplir la agenda de la administración con los ciudadanos.
Por medio de su misionalidad preventiva, la Procuraduría General de la Nación promueve el cumplimiento de la normatividad en materia de contratación pública, sin que ello signifique una labor de coadministración o injerencia en las decisiones de las Entidades Estatales.
