Hace tres días, a la salida de un establecimiento comercial, la Policía de Popayán capturó a Fabio Ramírez Realpe, de 25 años, señalado de disparar tres veces contra un hombre de 55 años que luego murió en el Hospital del Norte de esa ciudad.
Al trasladarlo hasta una URI, la Policía notó que el hombre portaba un brazalete electrónico. El criminal reincidente tenía casa por cárcel por un proceso por porte ilegal de armas de fuego. La captura en flagrancia develó la trampa al sistema de control con brazaletes electrónicos y tiene en este momento a Ramírez Realpe en una cárcel y ya no en detención domiciliaria.
En los últimos 20 días al menos 10 personas como Ramírez han sido sorprendidas delinquiendo mientras portaban un dispositivo electrónico fijado a su tobillo, que es la medida de vigilancia que se usa en los casos de 5.306 personas que tienen procesos o condenas penales que, en concepto de jueces, no daban para mantenerlos en prisión. Tan solo en lo que va corrido fueron detectados 191 vigilados que salieron de sus casas más de una vez.
La falta de control se da, entre otras razones, porque no hay personal suficiente para atender todas las alarmas que se disparan a diario con los brazaletes. Un informe de la Contraloría General conocido por EL TIEMPO dice que “la capacidad operativa del Inpec para efectuar monitoreo y seguimiento de las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electronica es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo”.
La auditoría, que evaluó la polémica gestión de la exdirectora María Cristina Palau, revela que de 2.300 alarmas que se disparan a diario por una posible irregularidad (corte de la correa, apertura del sistema GPS, pérdida de comunicación, o porque el beneficiario se sale del perímetro permitido), las autoridades solo están atendiendo 400 (el 17 por ciento). Con esas cuentas, la Contraloría dice que de los 94,7 millones que estos dispositivos le cuestan al Estado a diario realmente se justifican solo 23,6 millones, pues la mayoría de alarmas no se atienden. En los últimos nueve años este tipo de controles le ha costado al Estado 209.061 millones de pesos.
Ante esta dificultad, la Contraloría llamó la atención para que se desarrolle el convenio número 136 con el fin de que se le permita a la Policía brindar apoyo para atender las alertas de los dispositivos. Además, el organismo de control le pide al Gobierno que reglamente la ley del 2014 –que hoy no se cumple–y que ordena cobrarles a los beneficiarios esos dispositivos.
Juan Carlos Restrepo, a quien el presidente Juan Manuel Santos le ordenó que enderece la gestión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), aseguró que el Gobierno comparte los reparos de la Contraloría y que está haciendo los ajustes basado en las conclusiones de las auditorías.
El guardián Óscar Robayo, directivo del sindicato más grande del Inpec, asegura en todo caso que el sistema de control tiene fallas técnicas. Así, sostiene que los nuevos brazaletes, que entraron a funcionar el 14 de junio del año pasado en Bogotá y el 22 de julio en el resto del país, “son de una tecnología anticuada: no funcionan como se esperaba y muchas veces no dan señal cuando alguien sale de su área de reclusión”. Robayo dice que también falta severidad en los jueces que deben revocar los beneficios a los que violan la detención domiciliaria. En ese sentido, dice que hay casos de detenidos con tres o más eventos que no han recibido ningún tipo de sanción.
Por eso se siguen presentando casos como el de Éider Astudillo Cerón (de 24 años), quien el lunes pasado le robó un bolso a una mujer en Pitalito (Huila) cuando tenía un brazalete que debía garantizar su arresto domiciliario. O el aberrante caso de Luis Carlos Gómez y Rodian Chacón, quienes asesinaron al empresario Álvaro Morales Manchego el 11 de diciembre del 2016, en un caso de fleteo en Sahagún. Los dos estaban en detención domiciliaria con brazalete. Fueron capturados por el nuevo crimen, pero increíblemente quedaron libres en diciembre pasado por vencimiento de términos.
