Más de tres quejas disciplinarias radicadas ante la Procuraduría acusan a Ingris Padilla de usar actos oficiales y publicidad institucional para exaltar a los líderes de Fuerza Ciudadana, en presunta violación de leyes de neutralidad política y transparencia administrativa.
La Gobernadora encargada del Magdalena, Ingris Padilla García, enfrenta una grave tormenta política y disciplinaria tras varias quejas radicadas ante la Procuraduría General de la Nación que solicitan su suspensión provisional por presunto favorecimiento indebido a los exgobernadores Carlos Caicedo y Rafael Martínez, líderes del movimiento Fuerza Ciudadana.
Las denuncias, interpuestas por la ciudadana Danis Marcela Rueda, documentan una serie de actos oficiales entre ellos, El Piñón, Aracataca, El Retén y Tucurinca (Zona Bananera), donde los exmandatarios habrían asumido roles protagónicos en inauguraciones de obras públicas, desplazando simbólica y funcionalmente a la actual mandataria.
En estos eventos —incluidas inauguraciones de hospitales y colegios financiados con recursos públicos—, la publicidad institucional exaltó a Caicedo y Martínez, utilizando consignas partidistas y colores alusivos al movimiento político, en presunta violación de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2345 de 2023 (Ley Chao Marcas de Gobierno). Además, la difusión de estas piezas se realizó desde las redes oficiales de la Gobernación, comprometiendo también al jefe de prensa, Víctor Escorcia, y a varios gerentes hospitalarios.
Piden suspensión provisional por riesgo electoral
Las quejas argumentan que la permanencia de Padilla y de los otros funcionarios señalados representa un riesgo para la neutralidad institucional en plena coyuntura electoral, tras la nulidad de la elección de Rafael Martínez y la convocatoria a elecciones atípicas.
Los documentos disciplinarios solicitan la suspensión inmediata de la gobernadora encargada, del jefe de prensa y de directivos hospitalarios, señalando que sus actuaciones facilitarían la reiteración de conductas irregulares, obstaculizarían las investigaciones y afectarían la transparencia administrativa.
De prosperar la solicitud, la suspensión de Padilla podría profundizar la crisis de gobernabilidad en el departamento, que ya enfrenta tensiones políticas significativas por el rol de Fuerza Ciudadana en la administración pública y en las contiendas electorales regionales.
