El caso de Carlos Ramón González, prófugo por corrupción en la UNGRD, deja al Gobierno Petro bajo sospecha de haber protegido a un aliado político antes de pedir su deportación.
La crisis de credibilidad del Gobierno Petro suma un nuevo episodio con el caso del exdirector de la DNI y del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia por su presunta participación en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pese a que sobre él pesa una orden de captura, esta semana se reveló que el Gobierno de Nicaragua le habría otorgado residencia, en un trámite que, según documentos divulgados por Noticias RCN, habría contado con gestiones de la Embajada de Colombia en Managua.
Aunque la Cancillería se apresuró a negar su participación, asegurando no tener registros migratorios de González y anunciando una investigación interna, el daño a la imagen del Ejecutivo ya está hecho. Las contradicciones y la falta de respuestas claras alimentan las sospechas de que el Gobierno estaría protegiendo a un aliado político, en lugar de colaborar activamente con la justicia.
El presidente Gustavo Petro afirmó que pedirá a Nicaragua la deportación del exfuncionario si se confirma su residencia en ese país. Sin embargo, para sectores críticos, este pronunciamiento llega tarde y solo busca contener el escándalo, en medio de un contexto de relaciones diplomáticas tensas y cuestionamientos sobre la transparencia del actual gobierno.
