El Gobierno de Gustavo Petro volvió a quedar en el centro de la polémica tras extender el contrato multimillonario con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, contratada para asesorar jurídicamente al Estado frente a las sanciones impuestas desde Estados Unidos.
El acuerdo, que supera los 10.000 millones de pesos, mantiene intacto el esquema de pagos y contempla millonarios desembolsos a cambio de informes técnicos y análisis estratégicos relacionados con riesgos internacionales y sanciones financieras.
La controversia crece porque la empresa contratada es una microfirma extranjera con apenas dos empleados reportados en registros oficiales del Reino Unido, situación que ha despertado cuestionamientos por el alto valor del contrato y la falta de un proceso abierto de competencia.
Según se conoció, la Presidencia incluso creó una mesa técnica especial para agilizar la revisión de los informes entregados por la firma y acelerar la aprobación de pagos, mientras la Procuraduría General de la Nación mantiene abierta una indagación preliminar sobre el proceso contractual.
El caso vuelve a encender las críticas contra el manejo de los recursos públicos en el Gobierno Petro, especialmente en momentos en que distintos sectores del país siguen reclamando inversión urgente en seguridad, salud y atención social.
Mientras el Ejecutivo defiende el contrato asegurando que se trata de servicios “altamente especializados”, la oposición cuestiona que miles de millones de pesos terminen en manos de una pequeña consultora extranjera en medio de la creciente crisis económica y política que enfrenta el país.
