El presidente Gustavo Petro cruzó una nueva línea en su insistencia por una Asamblea Nacional Constituyente: ahora no solo la promueve desde el poder, sino que pide dinero directamente a los ciudadanos para financiarla. A través de sus redes, publicó una cuenta bancaria e invitó a consignar hasta 10 millones de pesos, en una jugada que desató fuertes críticas por el uso político de la investidura presidencial.
La controversia no es menor. Petro no está actuando como un ciudadano más, sino como jefe de Estado, con toda la exposición y capacidad de influencia que implica el cargo. Para sectores de oposición, esta iniciativa representa un uso indebido del poder para impulsar un proyecto ideológico, aprovechando la institucionalidad como plataforma de campaña.
Además, la propuesta de cambiar la Constitución de 1991 no cuenta con consenso y ha generado resistencias incluso dentro de sectores cercanos al Gobierno. Aun así, el mandatario insiste en imponerla como eje político, ahora sumando una estrategia de financiación que levanta dudas sobre controles, transparencia y origen de los recursos.
El anuncio también coincide con la convocatoria a marchas del Primero de Mayo, que el propio presidente pretende convertir en escenario para promover la Constituyente y recolectar firmas. La mezcla entre movilización social, agenda gubernamental y financiación política refuerza la percepción de que el Gobierno está en modo campaña permanente.
Lo que queda en evidencia es un patrón: Petro no solo gobierna, sino que utiliza el poder para impulsar su proyecto personal, tensionando los límites institucionales. En lugar de resolver los problemas del país, el presidente parece más enfocado en reescribir las reglas del juego, incluso si eso implica convertir la Presidencia en una herramienta de financiación política.
