El organismo de control distrital advierte que la falta de fechas claras en pagos de indemnizaciones vulnera derechos de las víctimas en Colombia.
La Personería Distrital de Santa Marta reiteró su respaldo a la demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con la que se busca garantizar mayor claridad en el pago de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado. La acción, apoyada por la Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas, cuestiona un apartado de la Resolución 01049 de 2019 expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Desde la Personería se advierte que la normativa actual no establece turnos definidos ni plazos concretos para el desembolso de las indemnizaciones, lo que mantiene en incertidumbre a miles de víctimas que ya cuentan con actos administrativos en firme. Esta situación, según el ente de control, ha generado que las personas permanezcan durante años a la espera de una compensación económica sin fechas claras.
Demoras que vulneran derechos
De acuerdo con el pronunciamiento, muchas víctimas siguen sometidas a procesos reiterativos, incluso cuando su condición ya ha sido reconocida. En varios casos, deben iniciar nuevos trámites para que se incluyan otros hechos victimizantes, lo que prolonga aún más la espera.
La Personería señala que las respuestas institucionales suelen centrarse en la falta de recursos y en la necesidad de esperar turnos dentro del sistema de priorización, sin ofrecer certezas reales sobre los tiempos de pago. Esto ha derivado en una percepción generalizada de incumplimiento frente al derecho a la reparación integral.
Llamado a una reparación efectiva
El organismo de control enfatiza que someter a las víctimas a un método anual de priorización sin fechas definidas vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica. En ese sentido, insiste en que la indemnización no puede convertirse en una promesa indefinida, sino en una medida efectiva que permita a las víctimas avanzar en sus proyectos de vida.
Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se adopten criterios de razonabilidad y certeza temporal en la entrega de estos recursos, evitando que la reparación quede sujeta a una espera indefinida. La decisión final estará en manos del Consejo de Estado, que deberá definir si la norma actual se ajusta a los principios constitucionales y legales en materia de reparación a víctimas.
