Por: Juan Pablo Sánchez M X: @juan.pcol
La muerte de Miguel Uribe Turbay es un golpe seco al alma de la nación. Tras dos meses de lucha, su vida se apagó por la misma violencia narcoterrorista que desde hace décadas nos roba líderes, padres, hijos y amigos. Violencia narcoterroristas que hoy nos devuelve a los años 90, cuando hechos como el de Miguel eran pan de cada día. Hoy, el dolor es inmenso, pero debe convertirse en una fuerza que nos sacuda y nos obligue a preguntarnos: ¿en qué clase de país queremos vivir?
La respuesta debería ser evidente: en uno donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho; donde la libertad y el orden sean valores incuestionables; donde el respeto a la ley y la justicia sean la base de la convivencia. Pero para llegar allí, necesitamos un acuerdo sobre lo fundamental: la vida de cada colombiano vale, sin importar su pensamiento político. Ningún grupo armado ni narcotraficante puede estar por encima del bienestar de la patria, y el Estado tiene el deber moral y legal de enfrentarlos con decisión.
Sin embargo, hoy vivimos bajo un gobierno que bajo un discurso de paz lo que ha logrado es claudicar ante el crimen. Mientras el narcoterrorismo asesina y extorsiona, el presidente Petro abre mesas, concede beneficios y les entrega territorios enteros bajo el disfraz del “diálogo”. Esa permisividad es el mensaje más peligroso que se puede enviar: que matar, secuestrar o sembrar terror es un camino válido para obtener poder político.
También, resulta indignante ver cómo en lugar de unirnos en el rechazo a la barbarie y un mensaje de solidaridad a quienes hoy lloran a Miguel, muchos buscan teorías conspirativas para culpar a sus propios copartidarios, otros que intentan justificar la tragedia alegando que Miguel “nunca defendió las causas de la clase trabajadora”, y no faltan los que reducen el dolor de su familia a un meme. Esa indolencia y esa miseria moral son la gasolina que alimenta la violencia.
Hoy más que nunca debemos ver la política como herramienta para transformar a Colombia. Nosotros, especialmente las nuevas generaciones, tenemos la obligación de romper el ciclo de odio y sangre que ha marcado nuestra historia. No podemos resignarnos a vivir en un país donde creer en la seguridad y en la lucha frontal contra el crimen sea una sentencia de muerte.
Su partida debe unirnos en un compromiso inquebrantable: defender la vida, la libertad y el orden. Solo así lograremos que Colombia deje de ser un país roto y se convierta, por fin, en la nación próspera y segura que merecemos.
