Por: José Félix Lafaurie Rivera
En más de una ocasión y en todos los tonos, convocantes unos, desapacibles otros, el presidente Petro ha insistido en acelerar la compra de tierras para reforma agraria, pues mientras las ofertas suben en ascensor, las compras lo hacen por escalera.
En febrero, la Agencia Nacional de Tierras reportó 1,9 millones de hectáreas ofertadas y apenas anunciaba las primeras compras para marzo.
En abril, el director de la ANT, Gerardo Vega, le informaba a El Espectador que “Hemos avanzado en compras masivas, más de 147.000 hectáreas pasaron la prefactibilidad técnica y jurídica”, es decir, estaban listas para compra.
El 23 de agosto, en entrevista al diario El Tiempo, afirmó que “Nos han ofertado más de 1,6 millones de hectáreas y de ellas hay 764.000 con prefactibilidad técnica y jurídica y están dispuestas para comprar (…) Van 189 propiedades compradas, equivalentes a 32.999 hectáreas”.
Además de la diferencia entre las cifras de febrero y agosto sobre tierras ofertadas -300.000 hectáreas-, el avance en “compras masivas” no lo fue tanto, pues solo se ha comprado el 4,3% de lo disponible y el 2% de lo ofertado.
Hay problemas de información; de hecho, Fedegán ha tenido dificultades para hacerle trazabilidad a las ofertas de sus afiliados, que suman 580.000 hectáreas; pero lo cierto es que el Gobierno ya puede comprar las 500 mil de su meta para esta vigencia.
Hay la tierra; la pregunta es si hay plata para comprarla. Con la reciente adición presupuestal de 800 mil millones a la ANT con esa destinación, su presupuesto total, incluido funcionamiento, se acercó a los 1,9 billones.
No es mucho lo que se podrá comprar frente a la meta, pero cuando los recursos son escasos, las sinergias son valiosas. Si esos recursos se orientan hacia el depósito del 30% que contempla la figura de la “enajenación temprana” de bienes en proceso de extinción en la SAE, ¡340 mil! hectáreas a julio de 2022, además de 99 mil extinguidas, no solo se podrían entregar esas tierras, las mejores del país, sino liberar recursos para mayores compras.
El cuello de botella está en la operatividad del proceso, desde la oferta, pasando por la engorrosa evaluación de prefactibilidad y el avalúo comercial del IGAC, hasta la compra y posterior entrega, con proyectos productivos de la Agencia de Desarrollo Rural y el apoyo del sector privado. Hoy, precisamente, remato estas líneas desde Fonseca, Guajira, donde, junto con la ADR, la ANT, el Ministerio y Banagrario, exploramos el mecanismo de compras parciales con financiación al propietario vendedor y proyectos productivos al beneficiario, que el presidente bautizó como el 50-50.
Si el diagnóstico es de insuficiencia operativa, hacia allá hay que orientar esfuerzos, sin distraerse en alternativas, como el proyecto de decreto que establece la extinción administrativa del dominio, que amenaza la legítima propiedad privada y, lejos de ser una opción de agilidad, enrarece el ambiente y afecta el proceso de oferta verdaderamente voluntaria, que hoy sube “en ascensor”.
Por lo tanto, además de eliminar trabas y reducir trámites, el camino es fortalecer a la ANT, para que, a manera de piloto, logre ejecutar el presupuesto de la vigencia y pueda enfrentar con solvencia el reto de 2024, con una adición anunciada de 5 billones, exclusivamente para compra de tierra.
El Acuerdo suscrito entre Fedegán y el Gobierno es un componente esencial de ese proceso. El gremio ganadero está cumpliendo, pues lo entendemos como un “piloto” de diálogo, consensos y resultados, para avanzar en el Gran Acuerdo Nacional, aquel sobre lo fundamental, que Álvaro Gómez convirtió en propósito nacional; el Acuerdo aplazado que, hoy, el futuro de Colombia nos reclama.
