Por: Luís Alonso Colmenares Rodríguez Twitter: @LColmenaresR
Desde el comienzo de su mandato, el presidente Petro está proponiendo reactivar los mataderos municipales o plantas de beneficio animal (PBA) con el objetivo de reducir el costo de la carne de res; y ya está circulando un proyecto de decreto en tal sentido.
A primera vista, esta idea puede parecer prometedora, pero su éxito es un desafió que requiere una regulación estricta y una supervisión efectiva por parte de varias entidades gubernamentales, a lo largo de toda la cadena de producción de carne y adecuación de infraestructura.
Esta iniciativa sin duda podría generar beneficios económicos y puede ayudar a erradicar el abigeato, pero lo más importante es que erradique el sacrificio clandestino, un problema que conlleva riesgos para la salud pública, además de que reduce el recaudo de la cuota para el fomento ganadero y lechero a través del Fondo Nacional del Ganado, por cada cabeza de ganado sacrificado, y también el recaudo del impuesto de degüello que hacen los departamentos.
En Colombia, las PBA se dividen en dos categorías: nacionales con permiso para operar en todo el país, y de autoconsumo ubicadas en municipios de 5ª y 6ª categoría, solo pueden comerciar localmente y están limitadas en términos de sacrificio y producción.
En 2008, se estableció un Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio (PRPBA) con el fin de mejorar las condiciones sanitarias, ambientales, económicas y sociales de estas instalaciones. Sin embargo, en lugar de lograr este propósito, la implementación del plan dio lugar al aumento del sacrificio ilegal y prácticas ambientales perjudiciales. Esto condujo a una serie de problemas, incluyendo la contaminación de fuentes hídricas, la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos y la falta de condiciones adecuadas de trabajo.
Aunque el PRPBA tenía la intención de mejorar las condiciones de sacrificio y venta, en la realidad una parte significativa de la producción continúa ocurriendo en establecimientos no autorizados y de manera clandestina. Además, los costos operativos se han elevado debido a la necesidad de transportar los animales a instalaciones de sacrificio lejanas y enfrentar gastos adicionales como peajes y mantenimiento de vehículos.
En un análisis de sentido común se podría pensar que, para reducir el sacrificio ilegal y los problemas de salud pública, es fundamental contar con más plantas de beneficio de autoconsumo en todo el país. Esto requeriría la participación de veterinarios especializados y una formación continua para el personal involucrado en la cadena de producción. Además, se debe educar al consumidor final sobre la trazabilidad y el manejo adecuado de los productos cárnicos.
Dado que la carne es un alimento de alto riesgo, es esencial que se realicen inspecciones rigurosas en todas las etapas de la cadena cárnica para garantizar la seguridad alimentaria, lo cual conlleva el fortalecimiento de las entidades estatales de control y vigilancia.
Reconocidas figuras como la chef Leonor Espinosa resaltan la importancia de garantizar la calidad e inocuidad de la carne, así como la necesidad de políticas estrictas para mejorar la infraestructura y prevenir la corrupción en las alcaldías.
La Asociación de Frigoríficos de Colombia, por su parte, plantea que, si se aseguran las condiciones adecuadas de infraestructura y sanidad en los mataderos municipales, podría generarse una mayor competencia en el mercado, reducir así la concentración de poder en manos de los frigoríficos y disminuyen los precios en el mediano plazo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asegura que el presidente Petro cumplirá con su promesa y que se establecerán reglas estrictas para asegurar la salubridad y la vigilancia constante en estos establecimientos.
Los mataderos municipales pueden ser una solución valiosa para abordar el problema del aumento en el precio de la carne de res. Sin embargo, su éxito depende de la implementación efectiva de estrictas normas y condiciones sanitarias adecuadas. Si se logra equilibrar la oferta y la demanda local y se garantiza la seguridad alimentaria, esta iniciativa podría tener un impacto positivo tanto en la economía como en la salud pública del país.
En todo caso para el Invima es claro que la habilitación de mataderos municipales se llevará a cabo siempre que sean garantizadas condiciones óptimas de sanidad, accesibilidad y abastecimiento. ¡Y eso está bien! Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
