Por: Luís Alonso Colmenares Rodríguez Twitter: @LColmenaresR
En este corto espacio me atrevo a referirme de manera muy sucinta a los trece decretos que el gobierno Petro expidió, estableciendo las condiciones para hacerle frente al estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en La Guajira con el propósito de tomar “todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos”.
El decreto 1250 busca garantizar el acceso al agua creando el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, que duplica esfuerzos con ESEPGUA, y se debe resolver para no generar una colisión de competencias.
El decreto 1267 tiene como objetivo reactivar el turismo en La Guajira, sin embargo, tengo dudas sobre su constitucionalidad porque no está realmente conectado con una crisis en el departamento, y en lugar de recurrir a decretos temporales lo más apropiado sería tramitar una ley ordinaria con medidas específicas de apoyo al turismo; igual que las Leyes 47 y 223 para los departamentos de San Andrés y Amazonas.
Muy importante decisión del decreto 1268 para capitalizar con $61 mil millones a Salinas de Manaure, y reinvertir los dividendos de la Nación en proyectos para cumplir la sentencia T302.
El decreto 1269 elimina la intermediación en la transferencia de recursos del PAE para las Entidades Territoriales Certificadas, autorizando la incorporación de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación para la operación y prestación del servicio; esta decisión reduce el riesgo de que se roben esa plata.
La salud está desarrollada en el decreto 1270 estableciendo un modelo propio e intercultural con la dirección y coordinación del Ministerio de Salud.
Con el decreto 1271 se busca promover acceso a las telecomunicaciones en La Guajira asignando obligaciones para usar el espectro radioeléctrico; pero prefiero esperar una explicación técnica al respecto.
El decreto 1272 crea una transferencia para las familias con niños en primera infancia y/o madres gestantes en situación de desnutrición. Solo espero que esto no se convierta en foco de corrupción ni le dejen meter la mano a las autoridades tradicionales.
Para el sector agrícola y desarrollo rural, el decreto 1273 elimina garantías, autoriza compra directa de cosechas, entrega de tierras a campesinos y cesión de la represa El Cercado al Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira.
Ya había expresado que el decreto 1274 no debía referirse a la creación de una universidad propia del pueblo wayúu, sino más bien fortalecer a la Universidad de La Guajira para desarrollar una extensión propia en la alta guajira, con enfoque étnico en la formación del pueblo wayúu como paso fundamental hacia el respeto de su identidad y conocimientos ancestrales.
El decreto 1275 ordena priorizar al menos 30% de Asignaciones Directas y Asignación para la Inversión Local del Sistema General de Regalías para proyectos de inversión que reduzcan los hechos que originaron la emergencia.
El decreto 1276 impone durante seis meses un “Aporte Departamento de La Guajira” de mil pesos a usuarios de estratos 4, 5 y 6, y cinco mil pesos a usuarios comerciales e industriales para la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional. Lo demás queda para la explicación técnica de un experto como nuestro paisano Amylkar Acosta.
El decreto 1277 adopta normas en materia ambiental y desarrollo sostenible para regular el uso, manejo, protección, aprovechamiento y conservación del agua en el departamento.
El decreto 1278 establece que el Impuesto Nacional al Consumo con destino a cultura, de la vigencia 2022 y anteriores que fueron girados y no estén comprometidos, deben destinarse a proyectos relacionados con la apropiación social de la cultura y el arte del Pueblo Wayúu. A mi juicio es una destinación ambigua con riesgo de corrupción.
En principio, y en aras de la objetividad, considero que los trece decretos representan un esfuerzo decidido del gobierno nacional para enfrentar la crisis y sus efectos.
Espero que se le imprima dinámica a las decisiones para implementarlas con diligencia y compromiso, alejando a la clase política que durante los últimos veinte años ha gobernado robándose todo lo que ha encontrado a su paso y no le ha resuelto los problemas a nadie.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí… Principio del formularioFinal del formulario
