En Colombia la memoria es corta, pero no tanto como para olvidar. En 2021, por una reforma tributaria mucho menos agresiva que la que hoy presenta Gustavo Petro, la izquierda paralizó el país: ardieron buses, se bloquearon vías, se impidió el paso de ambulancias, se asesinó a policías y se redujo en cenizas buena parte del aparato productivo. Todo bajo la bandera hipócrita de “defender al pueblo”.
Hoy, cuando Petro se dispone a meterle la mano al bolsillo de la clase media con una reforma aún más voraz, el silencio de esos mismos incendiarios es ensordecedor.
El Presidente de los contratos a dedo, el que dejó que en la UNGRD se robaran miles de millones, ahora habla de justicia social. Pero su proyecto no es justicia: es saqueo disfrazado de discurso moral. Subir el impuesto de renta del 29% al 41% para quienes apenas logran superar los $6.700.000 mensuales es un castigo al mérito en un país donde el ascenso social ya es una rareza casi milagrosa. Aquí el pecado no es robar, es progresar.
El impuesto al patrimonio, esa aberración económica, se eleva como un muro contra la inversión. Nadie invierte en un país que penaliza el éxito. Y la cultura, la música, el deporte, también pagarán la factura: conciertos y eventos serán más caros, porque al Gobierno le incomoda que la gente se distraiga de su miseria. Hasta las herencias y ventas de propiedades —el fruto de toda una vida de trabajo— serán expoliadas bajo el rótulo de “ganancia ocasional”.
No satisfecho, Petro grava las compras pequeñas en Amazon o Temu, y hasta elimina la tarifa reducida para vehículos híbridos, elevando su IVA al 19%. El Presidente que predica sobre transición energética es el mismo que encarece la tecnología verde. Puro teatro: ambientalismo de micrófono y bolsillo vacío.
No, señor Petro: esta no es una reforma para los 4000 más ricos. Es un sablazo contra la clase media, el pequeño empresario, el trabajador formal, el profesional independiente. Es hambre disfrazada de justicia. Y mientras tanto, usted derrocha más de 8 billones en burocracia, embajadas inútiles y contratos de prestación de servicios.
El Congreso tiene un deber: decirle NO. Porque Colombia ya no soporta más un presidente que se sienta en la cima de un Estado obeso para sermonear a los contribuyentes mientras sus alfiles reparten botín.
