Por: Luís Alonso Colmenares Rodríguez Twitter: @LColmenaresR
A través del Decreto 1085 el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica para enfrentar la crisis humanitaria y climática que azota a La Guajira. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad con efecto a partir del 2 de julio de 2024; y de manera consecuencial también ha declarado inexequibles otros decretos expedidos para desarrollar el estado de emergencia, pero en este caso con efectos retroactivos desde el momento de su expedición.
La Corte argumentó que las declaratorias de emergencia no se pueden realizar para solucionar problemas estructurales, sino emergencias, y que únicamente proceden cuando las medidas ordinarias resultan insuficientes, de tal manera que la crisis en La Guajira no obedecía a circunstancias nuevas, sino a problemas estructurales que se gestaron en el largo plazo.
Jurídicamente, en eso no hay discusión; sin embargo, para nadie es un secreto que la corrupción ha sido superior al deseo de resolver los problemas de la gente y, por consecuencia, la inexequibilidad ha generado consecuencias significativas en favor de los corruptos.
La Corte ha dejado al gobierno con las manos atadas para implementar medidas de emergencia que podrían ayudar a resolver la crisis humanitaria, y también ha dejado a la gente sin la atención necesaria para el acceso al agua potable, alimentación y servicios de salud.
Pero lo más irónico es que mediante la Sentencia T-302 de 2017 la misma Corte Constitucional respondió a una tutela que reclamó por la muerte de miles de niños wayúu debido a la desnutrición y la falta de agua potable, declarando “la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios”, y en esa sentencia también le ordenó a 17 entidades de los tres niveles de la administración públicaque se tomaran “las medidas adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional constatado”; sin embargo, la crisis humanitaria persiste en La Guajira desde el año 2017 porque nadie ha hecho nada para resolver semejante problema.
La mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición sigue siendo siete veces mayor que el promedio nacional, la región sigue enfrentando problemas graves de acceso al agua potable, alimentación y servicios de salud.
El gobierno nacional toma la decisión de empezar a solucionar el problema pero la Corte Constitucional se lo impide declarando la inexequibilidad de los decretos de emergencia lo cual resulta ser incoherente: reconoció la gravedad de la crisis humanitaria y emitió órdenes para resolverla, pero también ha invalidado las medidas de emergencia propuestas por el gobierno para abordar la misma crisis. ¿Entonces? ¿Ni raja ni presta el hacha?
En respuesta a la decisión de la Corte, el gobierno anunció que presentará al Congreso los decretos con mensaje de urgencia. Sin embargo, esta medida podría no ser suficiente para resolver de manera oportuna la crisis humanitaria que está viviendo La Guajira.
En términos de agua, la región sufre una escasez crónica de agua potable; en cuanto a la alimentación, la desnutrición es un problema grave, especialmente entre los niños wayúu; y en el sector de la salud, la región carece de suficientes centros de salud y los existentes son de difícil acceso para muchas comunidades indígenas, a pesar de que son transferidos recursos del presupuesto general de la nación a través del sistema general de participaciones y a las EPS indígenas también les transfieren el valor la Unidad de Pago por Capitación por cada afiliado.
PUNTOAPARTE. Los resultados electorales en La Guajira no me dan ninguna esperanza de desarrollo, ni de resolverle los problemas a la gente. En La Guajira gobiernan para hacer negocios, y seguiremos con la gobernación en cuerpo ajeno…
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
