Por: José Félix Lafaurie Rivera X: @jflafaurie
“La guerra se acaba cuando se transforman los territorios y la vida de las comunidades”. Con esta frase, Juliette de Rivero, representante de la ONU para los DD. HH. remató la presentación de su informe sobre Colombia para 2023; frase que es contracara del reiterado reclamo ganadero: “La paz pasa por la recuperación del campo”.
Así las cosas, estaríamos alejándonos de la paz, porque en lugar de la presencia creciente del Estado en el campo, el informe señala que “continúa la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales…”.
En 2023, la ONU identificó 206 municipios donde la violencia afectó los derechos humanos, fenómeno que se extiende a las ciudades: Cali está entre cuatro de impacto crítico y Bogotá en las de impacto muy alto.
En agosto del mismo año, la Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto de hechos de violencia y del ejercicio libre del sufragio, a partir de la presencia del Clan del Golfo en 331 municipios, el ELN en 231, las disidencias FARC – EMC en 234, Segunda Marquetalia en 65, Comandos de Frontera en 24 y otras en 34; los grupos sin identificar en 24 y residuos de las AUC y EPL en 187; precisando que en cada municipio puede estar más de un grupo.
La conclusión de la ONU es contundente: “La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos…”.
A pesar de tan dura conclusión, la ONU no abandona sus sesgos. Cuenta asesinatos de líderes sociales, ex Farc y ejecuciones extrajudiciales, pero olvida los de policías y militares.
Insiste en el Acuerdo con las Farc y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pero aparte de tímidas alusiones a “fortalecer la capacidad institucional para la protección de la población…”, evita hablar de seguridad y fortalecimiento de la Fuerza Pública.
Se preocupa porque los grupos armados ejercen control en juntas de acción comunal y organizaciones de base, pero no por el ataque a la producción agropecuaria, generadora de empleo y base de la sustitución de rentas ilícitas.
Recomienda fortalecer la capacidad de las autoridades étnico-territoriales para “hacer estado”, pero omite la cooptación de las autoridades locales del Estado por grupos ilegales.
Considera “esencial” empoderar a las organizaciones con “medidas de protección colectivas para resistir a la presión de los grupos armados…”; pero nunca recomendaría empoderar los gremios rurales con “medidas de protección colectivas”, como los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz de FEDEGÁN.
Comparto el diagnóstico: La gobernabilidad en riesgo, pero rechazo los sesgos e insisto en la urgencia de quitarle el territorio a los bandidos y en el derecho de los productores a colaborar pacíficamente con las autoridades para su seguridad.
