“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caquetá y Meta”.
Esa es la grave revelación que hizo la Organización de las Naciones Unidas en su informe anual de Derechos Humanos, que fue revelado el pasado viernes y que en esta ocasión se centró en los efectos y la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.
El documento señala que, según cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al 31 de diciembre del año pasado la guerrilla solo había entregado 135 menores (75 niñas y 60 niños), proceso que se ha caracterizado por las trabas para obtener información.
“El acuerdo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos obligan a respetar el principio del interés superior del niño en su proceso de desvinculación de las Farc. No obstante, hasta el momento no se ha respetado en su totalidad este principio”, cuestiona Naciones Unidas.
Además, pide al Estado garantizar la plena implementación del acuerdo de paz y los derechos de los menores que hasta ahora no hayan sido protegidos por el Estado. “Aquellos que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción más recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia”, denuncia el documento.
Con más de 1.800 misiones en terreno, la Organización de las Naciones Unidas logró constatar las dificultades que en materia de seguridad siguen imperando en las zonas de las que salió la guerrilla. Así, advierte que en el 2017 confirmó “la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños en áreas donde operan exmiembros de las Farc”.
El reclutamiento es uno de los crímenes de guerra más perseguidos por la justicia internacional, al punto de estar en la lista de conductas priorizadas por la Corte Penal Internacional. En el proceso de paz con los paramilitares, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, la justicia también documentó que centenares de menores fueron desvinculados por la puerta de atrás y enviados directamente a sus casas sin proceso alguno de reintegración. En su momento, el excomisionado Luis Carlos Restrepo fue señalado por varios jefes paramilitares de haber conocido esa situación.
La ONU, además, señala que el Eln y los grupos criminales siguen reclutando y utilizando a los niños en la comisión de delitos y como informantes. Esa situación fue constatada recientemente por una misión de la Defensoría en Chocó, que encontró que Eln y ‘clan Úsuga’ les estarían pagando entre 900 mil a un millón de pesos y que muchos son llevados a la fuerza: “El reclutamiento es real, está disparado. Los usan como guías o como costaleros para cargar entre 40 a 50 kilos de armamento en una travesía a orillas del Atrato que puede tomar 12 horas”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
