Redacción : Anii Segrera
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un nuevo proceso disciplinario contra el actual gobernador del Magdalena, relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de convenios por más de mil millones de pesos. Según las investigaciones preliminares, estos hechos habrían ocurrido durante su periodo como alcalde de Santa Marta, en presunto incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Garantías Electorales.
Este proceso se suma a la ya extensa lista de denuncias y procedimientos legales que enfrenta el mandatario, lo que ha generado preocupación en la región. En este caso, la Procuraduría busca esclarecer si existió un manejo indebido de los recursos públicos, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias para el funcionario.
Por otro lado, el equipo de abogados del gobernador también enfrenta otro desafío legal relacionado con una denuncia por doble militancia. Una de las estrategias planteadas por su defensa es lograr que cualquier sanción derivada de este proceso se aplique a partir del 1 de enero de 2025, evitando así la convocatoria a elecciones atípicas en el departamento. Esto permitiría que el partido político que lo inscribió proponga una terna para completar el periodo de gobierno actual.
Sin embargo, surge un obstáculo significativo: Fuerza Ciudadana, el movimiento político al que pertenece el gobernador, carece de personería jurídica, lo que podría complicar la viabilidad de esta estrategia y dejar al departamento ante un panorama político incierto.
Este caso se suma a la creciente tensión política y jurídica en el Magdalena, donde la gestión del actual gobernador continúa siendo objeto de escrutinio y controversia. La Procuraduría, por su parte, deberá determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si existen méritos para imponer sanciones en este caso.
