La designación de Fabián Bolaños como secretario de Equidad y Poder Popular genera críticas por presuntas denuncias de violencia sexual y reabre el debate sobre ética, coherencia política y derechos de las mujeres en el Magdalena.
El reciente nombramiento de Fabián Bolaños como secretario de Equidad y Poder Popular del departamento del Magdalena ha desatado una fuerte controversia política y social. La designación se produce en medio de denuncias públicas por presuntos hechos de violencia sexual que involucran al funcionario, procesos que, aunque no cuentan aún con una decisión judicial definitiva, han generado rechazo en organizaciones de mujeres, colectivos feministas y defensores de derechos humanos. Bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, el debate se traslada del plano jurídico al terreno ético y político.
La polémica adquiere mayor dimensión si se analiza el contexto político del departamento. El nombramiento ocurre en un escenario donde Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, también ha sido señalado públicamente por mujeres que lo acusan de presuntos abusos. En ese marco, la llegada de Bolaños a una cartera cuya misión central es la equidad, la protección de poblaciones vulnerables y la defensa de los derechos de las mujeres resulta, para muchos sectores, profundamente contradictoria.
Diversas voces advierten que, más allá de la inexistencia de una condena judicial, el Estado tiene la responsabilidad de aplicar criterios de prudencia y coherencia política, especialmente cuando se trata de cargos con alta carga simbólica. Para las víctimas, señalan, este tipo de decisiones pueden interpretarse como una forma de revictimización institucional.
El debate no se centra únicamente en la legalidad del acto administrativo, sino en el mensaje que envía el poder político. ¿Qué credibilidad puede tener una Secretaría de Equidad liderada por una persona bajo cuestionamientos públicos de esta gravedad? Para sectores críticos, el nombramiento refleja una desconexión entre el discurso de justicia social y la práctica política, alimentando la desconfianza ciudadana.
Mientras no exista una postura clara y responsable frente a estas denuncias, el caso de Fabián Bolaños seguirá siendo leído como un respaldo político en medio de señalamientos graves, y como una señal preocupante para las mujeres que reclaman coherencia, ética y respeto desde las instituciones del poder en el Magdalena.
