Por: Redacción Elarticulo.co
En la revisión de los contratos que se están celebrando los gobernantes de todo el país para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la República, le pusieron el ojo a la Gobernación del Magdalena, debido a varios gastos llamativos que estarían evidenciando un mal uso de los recursos públicos, en medio de la pandemia y de la difícil situación social y económica que está viviendo el país.
Teniendo en cuenta las indagaciones que han iniciado lo entes de control, a mandatarios aforados que han firmado o autorizado contratos con presuntos sobrecostos, suscritos en plena pandemia, el ex director del CTI, Julián Quintana, le manifestó a ElArtículo.co, que el caso de los recursos del departamento del Magdalena, se ha visto con gran preocupación, cómo se suscribió un contrato de $4.200 millones para comprar los mercados y entregárselos a la población más vulnerable por la emergencia del COVID-19.
De acuerdo con lo informado por Quintana, lo primero que encendió las alarmas en el equipo jurídico y la veeduría, “es que los anexos de ese contrato no habían sido subidos al Secop y por norma, también es obligación de la gobernación incluir los anexos de los contratos, precisamente, para que la ciudadanía pueda hacer una veeduría de cómo se están gastando los recursos de los habitantes del Magdalena”.
Debido a que después de casi 8 días suben los anexos de este contrato de $4.200 millones, “comenzamos a hacer el análisis y efectivamente los precios que estaban allí en esa propuesta y que también hacen parte del contrato correspondendiente a los precios del mercado, nos encontramos con la sorpresa, que en el mismo almacén o supermercado donde habían comprado esos elementos de primera necesidad, estaba más barato que en las páginas públicas”, informó Julián.
Seguidamente, aseguró que con el propósito de ser un poco más objetivos, acudieron a los precios de referencia entregados por el DANE, examinando los precios de referencia máximo y no los mínimos, para dar el beneficio de la duda a la Gobernación del Magdalena, “encontramos que en esos precios establecidos por el DANE, también estaba por encima de lo que establece esta entidad pública, así que, logramos identificar que en varios productos existían sobrecostos”.
En medio de la entrevista al exdirector del CTI, se estableció que estos sobrecostos, hecho en cálculo con un economista, están alrededor de los $800 millones de pesos, con un porcentaje del 24% del contrato, algo que resulta ser muy alarmante.
De igual modo, recopilada dicha información el ente de control, le dio traslado a las autoridades, esencialmente, para que investiguen si existe un sobrecosto, teniendo en cuenta que, la contratación pública lo que hace es exigir la transparencia en cualquier proceso de contratación e incluso en los procesos donde hay urgencia manifiesta, es decir, se debe cumplir con los procesos de transparencia, objetividad y pluralidad que exige la ley 80. Por consiguiente, resultaría grave que las autoridades descubrieran que se contrataron precios mayores a los que circula el mercado y por ingresos mayores de los de referencia que da el DANE.
Conviene destacar, que en el análisis que se ha hecho, los productos incluidos en los mercados solidarios para beneficiar a las familias más vulnerables del Magdalena y que han reflejado un sobrecosto son:
El arroz, el azúcar refinada, con un presunto sobrecosto de $9 millones, el café con un exceso de $7’530.000, asimismo, en referencia con los precios globales que entrega el DANE, la lenteja importada tiene un desfase de $30 millones, la panela cuadrada tiene un desfase de $46 millones; la sal refinada con $21 millones, la harina de maíz, tiene un desfase de $32 millones, el atún en lata tiene un desfase de $42 millones.
De manera análoga, con referencia a los precios de supermercado o almacenes de cadena, donde se hace la misma compra, se estableció que las toallas higiénicas, se encontró un desfase de $53 millones de pesos aproximadamente.
En consecuencia, se pudo establecer que de mil, 4mil, 16 mil o 20mil pesos, en los casi 31 mil mercados con disposición a ser entregados, estaría arrojando un sobrecosto cerca de $800 millones.
Se espera que las con la información suministrada a las autoridades, en relación a los posibles sobrecostos en los Mercados Solidarios entregados por la Gobernación del Magdalena que lidera Carlos Caicedo Omar, en un tiempo muy corto se estén dando resultados y en caso de encontrarse dichas falencias, que haya un castigo judicial, debido a que se estarían robando los recursos de los magdalenenses.
