Por medio de un documento de 11 páginas, Mauricio Redondo Valencia, defensor delegado para la Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos, alertó al Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, sobre la situación que padecen los habitantes de los ríos Truandó, Domingodó y Jiguamiandó de los municipios chocoanos Carmen del Darién y Riosucio, esto por cuenta del conflicto armado en esa zona del país.
Según Redondo Valencia, son alrededor de 32.000 personas las que están expuestas a la vulneración de sus derechos, por la presencia de grupos al margen de la ley, entre ellos la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
“Durante los meses de marzo y abril del 2017, las AGC incursionaron en reiteradas ocasiones en la comunidad afrodescendiente Domingodó Pueblo, aún, pese a que en el marco de un Consejo de Seguridad realizado el 8 de marzo, en el municipio de Carmen del Darién, la Fuerza Pública asumió el compromiso de brindar seguridad permanente y perimetral a la comunidad”, dice el documento.
Y así, el documento relata un sinnúmero de hechos que, al parecer, estos grupos al margen de la ley han cometido contra la población civil e incluso contra la Fuerza Pública.
“Durante el año 2017 y el presente año, la Defensoría del Pueblo ha observado que son continuas las presiones y amenazas contra líderes y autoridades étnicas que denuncian la presencia de las AGC y el ELN o que visibilizan ante las entidades competentes las situaciones de riesgo que enfrenta la población civil como consecuencia del conflicto armado, en escenarios como los Comités de Justicia Transicional, Consejos de Seguridad o reuniones institucionales”, añade el documento.
Según el órgano defensor, el último acto se registró el pasado viernes 19 de enero, momento en el que 200 miembros de las AGC, usando armas de fuego y quienes portaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares, ingresaron a la comunidad indígena Unión Chogoroto del municipio Carmen del Darién.
En el lugar, los subversivos habrían obligado a la comunidad a sostener una reunión en la que emitieron amenazas de muerte contra quienes se opusieran al accionar del grupo armado ilegal en el territorio o sean objeto de sospecha de brindar algún tipo de apoyo a la guerrilla del ELN.
Para la Defensoría, lo que ha generado este tipo de acciones contra la comunidad es la expansión de los militantes a bandas criminales una vez se desmovilizó las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
