“Llegó la hora que respondan por contratar a falso médico intensivista en el Magdalena” diputada Molina Campo

La Secretaria de Salud del Departamento y entonces gerente del hospital de Fundación, fue quien entregó y firmó el contrato al falso especialista

La Contraloría del Departamento del Magdalena abrió proceso de responsabilidad fiscal en contra de los culpables de haber contratado un falso médico intensivista en el Hospital San Rafael de Fundación, Magdalena; denuncia que fue hecha públicamente y ante los entes de control por la diputada Elizabeth Molina Campo.

La asambleísta es enfática en que los responsables deben asumir las consecuencias y asegura que tanto la Gerente del hospital en su momento, el falso médico y la responsable de la Oficina de Recursos Humanos.

“Este es el comienzo de un camino que emprendí para lograr justicia por hechos graves, que implican pérdida de millonarios dineros públicos, pero también, pérdida de vidas que estaban a cargo del falso especialista” manifestó la asambleísta.

La diputada Molina Campo es enfática en manifestar que los culpables de lo que aconteció en el Hospital deberán responder, en primera medida, por el detrimento patrimonial que se le causó a la entidad al pagar un salario mensual de 30 millones de pesos a un falso profesional y especialista y por la irresponsabilidad de poner docenas de vidas en manos de quien no estaba acreditado para ello.

“Celebro la decisión de la Contraloría y la responsabilidad por la que deberán responder ante el daño causado a las víctimas de este médico. Mi lucha seguirá hasta que se haga justicia” sostuvo la diputada Elizabeth Molina.

RESPONSABLES

En el informe de la Contraloría Departamental que originó la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por  DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS ($212.704.000), se comprobó que nunca validaron la autenticidad de los títulos universitarios del falso médico intensivista, y que, a pesar de esta omisión, certificaron la idoneidad de dicho médico una y otra vez.

Según el informe, la irregularidad se presentó en las seis oportunidades que celebraron contrato con aquel médico. Es decir, cada vez que debían certificar la idoneidad del médico, verificando su hoja de vida para saber si cumplía con los requisitos de formación y experiencia para ser contratado, omitían esta validación y certificaban su idoneidad. A pesar de esto, fue contratado en cada una de esas oportunidades por la entonces Gerente, Diana Celedón, nombrada por el Gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar

“Es evidente la responsabilidad de la Gerente, y un pésimo mensaje por parte del Gobernador en nombrarla, a pesar de todas estas irregularidades y demás hechos denunciados en su Gerencia, como Secretaria de Salud Departamental. La premió por su infame gestión, siendo esto una afrenta a las víctimas” puntualiza la diputada Molina Campo.

Además precisa “El auditor de la Contraloría coincide con mis aseveraciones anteriores de que la validación de la autenticidad de los estudios aducidos por el falso médico intensivista solo tardaría segundos en verificarse en la página web del Ministerio de Salud (ReTHUS) y que dicho procedimiento nunca se hizo. Segundos que hubiesen cambiado el destino de la vida de decenas de personas en el municipio”.

La diputada Elizabeth Molina sostiene que el inicio de este proceso de responsabilidad fiscal es apenas uno de los pequeños pasos en la lucha por obtener justicia para las víctimas del falso médico intensivista y para que respondan quienes lo contrataron con “oscuros propósitos”.

“Seguiré paso a paso el acontecer de este proceso y reitero mi compromiso con las víctimas, y con los habitantes del municipio de Fundación de velar para que se haga justicia por tan nefasto suceso. Aprenderán que la vida prevalece por encima de los intereses económicos de gobernantes y funcionarios” resaltó la diputada Molina Campo.

La asambleísta Molina Campo es la diputada que se ha caracterizado por denunciar irregularidades y negligencias administrativas, en la que asegura que la Gobernación ha retenido millonarios recursos económicos que son de los hospitales y que ha conllevado al atraso de pago de salarios y falta de implementos médicos para atender a pacientes.

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