A finales del pasado mes de julio se conoció que estaba listo el “Proyecto de decreto por el cual se clasifica y reglamenta el porte de un arma y se dictan otras disposiciones”, el Ministerio de Defensa, con el liderazgo de Diego Molano, explicó detalladamente las razones para expedir esta normativa dirigida a la regulación de las armas traumáticas y de fogueo.
También el MinDefensa justificó la propuesta asegurando que el Decreto 2535 de 1993 faculta al Gobierno para reglamentar su tenencia y porte. La entidad explicó que se plantea en función de proteger los derechos fundamentales, la vida, integridad y libertad de la ciudadanía.
“Resulta imperativo establecer medidas encaminadas a la protección de los derechos y garantías en la seguridad y la convivencia ciudadana, mediante una reglamentación que permita el registro, control y porte de las armas menos letales” explica el decreto en su considerando.
El Ministerio de Defensa agregó que la delincuencia común ha hecho uso de estas armas ante la falta de regulación, la cual debería ser más estricta dada la comercialización de las armas traumáticas. Sorpresivamente, en el borrador del decreto se argumenta que, pese al precepto de que solo son utilizadas para defensa personal, esta afirmación no cuenta con un estudio o asidero legal que pueda demostrar este uso, pero sí existe evidencia de que su tenencia está encaminada a cometer actos delictivos.
“Actualmente, se estima que en el mundo existen más de 450 empresas dedicadas a la fabricación de armas traumáticas, cifra que responde a la alta demanda por parte de gobiernos y cuerpos de policías para su inclusión en el servicio, como también su adquisición por personas del común y de grupos delincuenciales, quienes capitalizan la ausencia de reglamentación para su uso y porte, situación que refleja una problemática social en el escenario nacional”, justificó el Ministro de Defensa.
El proyecto de decreto establece que la tenencia de armas traumáticas sin un permiso de porte se enfrentará a la pena prevista en el Código Penal para el porte ilegal de armas.
Esperamos que el Gobierno no insista en regular el porte y tenencia de armas no letales con la visión restrictiva que mantiene sobre las armas de fuego. Desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley solo los deja indefensos frente a la delincuencia que seguirá armada a pesar de cualquier decreto.
