“Así como hace pocas semanas reclamaban todos al unísono el respeto por las decisiones judiciales, hoy con esta sentencia, en verdadero acto de temeridad, han validado lo que muchos desde hace tiempo venimos denunciando:
la Corte Suprema quiere Coadministrar y Colegislar el país”.
Emiro J. Castro Meza.
La tutela, siendo un derecho fundamental en sí mismo, y el medio idóneo para proteger todos los demás derechos, es quizá uno de los logros más importantes de la Constitución del 91. Este mecanismo busca la protección concreta de los derechos subjetivos fundamentales, que, de manera individual o colectiva limitada, se han visto vulnerados.
Hago esta aclaración, porque precisamente es esa característica de individualidad o colectividad limitada de los fallos de tutela, lo que hace patinar en primera medida la Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a la “protesta pacífica”, en la que de manera extraña emite órdenes concretas para que el Gobierno nacional actúe de una forma u otra, alejándose de su competencia, y pasando por encima de las mismas jurisdicciones de la rama judicial, casi que imponiendo, vía tutela, un nuevo sistema en el que la Corte Suprema colegisla y coadministra.
El fallo que muchos sectores radicales aplauden, aclara en sus primeros apartes que las interpretaciones que allí se tomen deben aplicarse a las “protestas pacíficas” porque la Corte no está a favor de la violencia, sin embargo, en todo su escrito no hace referencia alguna contra los hechos de violencia contra los policías, los civiles o los establecimientos de comercio, como si nunca hubiesen ocurrido. Solo basta con recordar como en las protestas de noviembre pasado, muchos delincuentes robaron buses del SITP para entrar en almacenes de cadena en todo el país y robar a los comerciantes.
La sentencia que se vendió como un gran avance en la protección de la protesta pacífica, y el derecho al disentimiento de los ciudadanos, no es más que un escrito cargado de protagonismos y excesos, alejada completamente de “la prudencia que debe mostrar el juez para mantener la paz y la moderación ciudadana, sin contribuir a caldear los ánimos a una sociedad que ya tiene suficiente confrontación”, como lo dijo el Magistrado Alfredo García en su Salvamento de Voto.
Una de las órdenes más insólitas de este fallo, es que el gobierno debe ser neutral ante los ataques y señalamientos que hacen desde distintos sectores frente a las políticas de gobierno, es decir, para la Corte. Ni este gobierno ni ningún otro después, puede defender sus posiciones políticas, las mismas por las que los eligieron, las mismas que los tienen en el poder y las mismas que les encargaron cumplir, pues a su parecer, esto genera una estigmatización ante quienes critican dichas políticas. Nada más absurdo en una democracia para un gobierno elegido en un ejercicio político.
“Se pretende obligar al legislador a actuar de una determinada manera y a los administradores públicos a un hacer concreto. Se quiere imponer una forma de legislar, y un estilo de administrar y gobernar”. – H.M. Alfredo García.
Esta sentencia, busca a toda costa justificar unas decisiones y ordenes salidas de los cabellos, que atentan contra el equilibrio de poderes invadiendo la autonomía, no sólo del gobierno, sino del Congreso. Llegar al punto de ordenarle al ejecutivo la expedición de un Decreto y señalar cómo se va a llamar, cómo lo tiene que hacer y hasta su proceso de concertación, no solo es un abuso, es temerario.
Es cierto e innegable que en muchas ocasiones las actuaciones del Estado o de sus agentes no están en línea con la protección de los derechos, la preservación de la vida y la integridad de los ciudadanos. Existen múltiples ejemplos en los que la actuación de la fuerza pública se sale del deber de protección al que están obligados, pero la forma de corregir esos hechos delictivos es el derecho penal, pero nunca se puede usar la tutela como un mecanismo para que le corte legisle a su antojo.
La conducta que hoy se espera de los jueces, en todos sus niveles, después de los repetidos ataques y altos grados de deslegitimación a los que se ha visto sometido el aparato judicial en los últimos años, no puede ser otro que el respeto por la misma institucionalidad y la funcionalidad de los otros poderes públicos. Así como hace pocas semanas reclamaban todos al unísono el respeto por las decisiones judiciales, hoy con esta sentencia, en un verdadero acto de temeridad, han validado lo que muchos desde hace tiempo venimos denunciando: la Corte Suprema quiere Coadministrar y Colegislar el país.
Esperemos que el gobierno actúe de forma coherente, que inicie el cumplimiento del fallo, aún cuando no se esté de acuerdo con sus órdenes, por encima de todo es un mandato constitucional cumplir a cabalidad las sentencias y está obligado a ello. Sin embargo, debe impugnarlo y llevar la discusión al campo de la Corte Constitucional, donde estoy convencido lo revocará en su integridad, pues más allá de las consideraciones absurdas, esta sentencia tiene serios reparos en su procedimiento.
