El reciente cierre de la unidad cardiológica del Hospital Julio Méndez Barreneche destapa una herida profunda en el sistema de salud del Magdalena: la politización de las decisiones que deberían estar guiadas por criterios técnicos y éticos. Lo ocurrido con Cardiovida no solo es un hecho lamentable, sino un reflejo de cómo los intereses partidistas pueden aplastar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Durante más de una década, Cardiovida fue un salvavidas para miles de pacientes con enfermedades del corazón. En un departamento con limitada infraestructura hospitalaria, su papel era vital. Salvó vidas, garantizó atención oportuna y representó una esperanza para quienes no podían desplazarse a otras ciudades. Pero esa esperanza fue apagada por una decisión política.
Según fuentes internas, la causa no fue médica ni administrativa, sino una represalia política. La empresa operadora se negó a ceder ante presiones contractuales de las administraciones de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, y la respuesta fue el cierre del contrato. Así, el Magdalena se quedó sin su única unidad cardiológica pública, dejando a cientos de pacientes sin atención y a decenas de trabajadores en la incertidumbre.
‘La salud no puede ser usada como arma de presión ni como botín político.’
Decisiones como esta destruyen la confianza ciudadana y vulneran los principios de la administración pública. Convertir la salud en un instrumento de poder es jugar con la vida de la gente. Los hospitales deben ser espacios de servicio, no trincheras partidistas.
Hoy, el corazón del Magdalena sufre. Miles de pacientes quedan a la deriva, mientras las promesas de una nueva unidad coronaria siguen sin concretarse. La salud pública debe blindarse contra la politiquería, porque cuando los egos mandan, los ciudadanos son los que mueren.
