Por Rubén Peña Noriega
Tal vez lo único nuevo es el término “Paloterapia”, producto de la inventiva criolla. Lo que si no es nuevo es la desesperante agonía de los samarios ante la creciente ola de inseguridad que los afecta, que a la larga es un fenómeno que se ha venido presentando en casi todas las ciudades del país, tal vez por la falta de eficientes planes de seguridad y de una policía mucho más operativa y contundente en la aplicación de acciones de vigilancia y control.
Y digo que no es nuevo porque hay reseña s periodísticas de varios casos recientes incluso, en distintas ciudades del país y como si no nos quisiéramos quedar rezagados frente al concierto nacional, los samarios no podíamos ser la excepción.
“Palo para ese hijodeputa, para que coja escarmiento”, es la frase que se está haciendo común, cuando de hacer justicia por nuestras propias manos se trata, en particular cuando queremos darle un “escarmiento ejemplar” a quien ha tratado de atropellar la dignidad humana con la comisión de un delito grave e irreparable.
Hay quienes consideran que se trata de una acción de defensa ciudadana contra el crimen, ante la impotencia que ocasiona la falta de herramientas jurídicas contundentes y ejemplarizantes, sumado a la inoperancia e ineficiencia (en algunos casos) policiva y la demora en el diseño, construcción y aplicación de planes de seguridad precisos, lo cual tiene que ser indefectible.
El panorama indica que la ciudadanía no vislumbra otra forma de hacer justicia frente al crimen, sino aquella de tratar de “aplicar castigo con sus propias manos” y es ahí entonces donde aplica lo que así mismo han denominado “Paloterapia”, que termina convirtiéndose en linchamiento y a veces hasta en homicidio.
Podría ser una buena acción de escarmiento para el criminal, pero la Corte ha sido clara en determinar la importancia de la preservación de la vida y la aplicación de la justicia en el marco de la institucionalidad, en atención a un precepto constitucional que establece que nadie puede tomar justicia por su propia cuenta, pues para ello están los jueces y las instituciones legalmente constituidas. Quien lo haga fuera del orden y la ley no estaría exento de castigo.
Pero hay algo que, a nuestro parecer, justifica esa acción ciudadana, sobre todo en el caso particular de Santa Marta, en donde no existen planes de seguridad de la administración, pese haberse invertido más de 6.000 millones de pesos en contratos para “aunar esfuerzos” en la elaboración de estudios de seguridad y convivencia, los cuales hasta ahora no han arrojado ningún resultado eficiente.
Ya hemos tenido casos de “paloterapia” aplicada por la ciudadanía samaria a ladrones, atracadores y rateritos de caldero, en distintos barrios de la ciudad, a algunos les han dado duro a otros no tanto, y tal vez se ha pretendido darles un escarmiento, pero más es lo que dura la gente pegándoles que las autoridades en soltarlos.
¿Cómo evitar que esta modalidad de hacer justicia por cuenta propia siga haciendo carrera en Santa Marta? Pues fácil, incrementando la vigilancia e implementando verdaderos planes de seguridad que controlen el accionar de la delincuencia en los barrios, en las afueras de las universidades y los demás sectores de la ciudad.
