Por tercera semana el país sigue debatiendo la iniciativa que presentó el expresidente Uribe para que se produzca una especie de amnistía general, claro con las limitaciones que el derecho internacional le impone, pues es claro que delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no pueden ser objeto de impunidad de ninguna manera.
El más reciente capítulo tiene que ver con un trino de respuesta a la iniciativa que dio el precandidato presidencial, Rafael Nieto Loaiza, donde expresó: “Los beneficios extraordinarios para las Farc son injustos. Pero el camino para resolver esa inequidad no es extenderla a otros criminales. Si queremos ser una sociedad civilizada, tenemos que dejar de tratar mejor a los bandidos que al ciudadano de bien”
Lo anterior obviamente en respuesta al expresidente Uribe que ha venido explicando en qué consiste su idea, expresada primero ante el Padre de Roux de la Comisión de la Verdad, pero que al pasar de los días ha explicado para darle alcance a lo que sería un proyecto de acto legislativo.
Pero el tema de la amnistía generó reacciones de las FARC en el Congreso, desde donde insinuaron que el expresidente propone esa fórmula para darse beneficio personal, pero lo que se ha explicado es que con la idea, se rompería la asimetría donde las FARC están en la impunidad, mientras algunos militares sometidos, pagan cárcel efectiva frente a los delitos por los que se les procesa.
Entre las propuestas del exmandatario se encuentra que, por una vez, se otorgue la oportunidad de que condenados y procesados puedan ser elegidos y tengan descuento carcelario. Esto, haciendo excepción sobre quienes hayan cometido crímenes de guerra, lesa humanidad y corrupción en la contratación.
Sin embargo, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), manifestó en diálogo con el diario El Tiempo que la propuesta es inviable, al suponer un “desmonte subrepticio de la implementación del acuerdo de paz”.
“No es posible otorgar amnistías generales, como una especie de borrón y cuenta nueva. Estas amnistías incondicionadas están prohibidas en el derecho internacional para los crímenes internacionales (…) no es posible desmontar el acuerdo de paz en este momento, pues representaría la sustitución de un rasgo definitorio de la identidad de la Constitución, como es la buena fe”.
Ante esto, Cifuentes advirtió que, de hacerse efectiva la propuesta del exmandatario, esta tardaría muy poco en caerse ante la Corte Constitucional.
Lo cierto es que por ahora se mantiene la idea de un gran acuerdo político que permita eliminar el tratamiento ante la JEP entre agentes del Estado y las FARC, donde las últimas gozan de privilegios, pues en 5 años de funcionamiento no se conoce de la primera condena en contra de los desmovilizados de la guerrilla, que siguen ocupando curules en el Congreso, aún cuando han admitido que ordenaron crímenes como el del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
Sobre este asunto, valdrá recordar que la Senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, expresó reparos a la JEP entre otras cosas porque es un sistema que le cuesta al país, casi medio billón de pesos, sin que dé resultados que permitan que las FARC paguen por sus crímenes.
Y para finalizar El Doctor Cifuentes de la JEP, cuando no insulta distorsiona, su único argumento es mantener los privilegios de Farc.
