Graves denuncias contra el gobernador Rafael Martínez por omisión en la atención a 32 familias desplazadas en el Magdalena.
La Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto denunció un preocupante caso de omisión por parte de la Gobernación del Magdalena, encabezada por Rafael Martínez, en la atención a 32 familias desplazadas que llegaron al Distrito buscando ayuda humanitaria. Según Jennifer Del Toro, alta consejera, estas víctimas no recibieron ninguna atención básica por parte del gobierno departamental durante todo el día, ni siquiera agua.
Desde el 29 de octubre, la Defensoría del Pueblo solicitó al gobernador convocar un Comité de Justicia Transicional para evaluar el riesgo humanitario de estas familias, pero Martínez habría ignorado el llamado. Las víctimas, desplazadas de varios municipios del Magdalena, llevaban tres meses deambulando sin recibir apoyo adecuado, lo que las obligó a trasladarse a Santa Marta.
En la jornada del 9 de noviembre, la Personería logró tomar declaraciones a las víctimas en un inmueble conocido como la «Casa para la Paz», propiedad de la Gobernación. Sin embargo, funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta denunciaron que el acceso al lugar les fue negado por orden de la Gobernación. Esta obstrucción impidió que las víctimas fueran atendidas a tiempo.
«No se les brindó ni agua durante todo el día», afirmó Del Toro. La situación solo se destrabó hacia la noche, cuando el Ministerio Público informó que finalmente se autorizó el ingreso al inmueble y se ofreció un vehículo para transportar a las familias.
Por instrucción del alcalde Carlos Pinedo, la Alcaldía tomó la iniciativa para atender integralmente a las víctimas. Del Toro señaló que esta situación refleja la incapacidad de la Gobernación para manejar la crisis humanitaria en el departamento y pidió investigaciones disciplinarias y penales contra Martínez y su equipo.
