Por Rubén Peña Noriega
A Kathleen Villalba no la he tratado mucho a título personal, pero fue mi compañera de gabinete y aunque nunca coincidimos en reuniones de trabajo, conozco muy bien sus calidades humanas y su capacidad laboral, es una mujer digna, seria, correcta, honesta y sin duda una excelente madre.
Me atrevería a meter las manos en el fuego por defender su honestidad y su rectitud, varias veces en ese poco cruce de palabras que tuvimos cuando fuimos compañeros de trabajo la mire a los ojos y pude identificar su pulcritud e impecabilidad. Incluso, pese a ser de pocas palabras, logré en varias ocasiones entrevistarla para informar de su gestión al frente precisamente, de la Oficina de Pasaportes del Departamento, dependiente en el trámite de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería.
Y seguramente todo ese palmarés que Kathleen humildemente puede exponer a la vista de todo el mundo, quedará demostrado en la audiencia, que asistida por su abogado, le tocará enfrentar a partir de las tres (3:00) de la tarde de hoy, ante la Juez 63 Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, hasta donde irresponsablemente fue llevada por la Fiscalía tras ser detenida cuando se dirigía de su casa en El Rodadero hacia su lugar de trabajo en el edificio del antiguo Hospital San Juan de Dios, en donde funciona la Oficina de Pasaporte.
Casi que demostrado está que, su detención ha sido una descomunal injusticia de la Fiscalía, pues hasta ahora el ente acusador no tiene argumentos contundentes que demuestren que Kathleen haya cometido algún acto irregular que la comprometa en la comisión del delito del cual la acusa: “otorgamiento de documentación a ciudadanos extranjeros que se hacían pasar por nacionales”, tesis que de hecho, logró derrotar el abogado Álvaro Escobar Gil, al demostrar que no hubo ninguna inferencia de parte de los inculpados, entre ellos Kathleen.
La Fiscalía profirió las capturas con base en una investigación desaforada, que nuevamente pone en tela de juicio la capacidad técnica y profesional de sus investigadores, pues se basó para ello, en el seguimiento a individuos supuestamente de nacionalidad siria libanes, quienes habrían autenticado su documentación en una notaría de Cartagena y que después registraron en la Registraduría de Pivijay en donde supuestamente les elaboraron un registro que les permitía obtener cualquier documentación. Los mismos individuos llevaron los documentos a Ciénaga en donde aparentemente también diligenciaron cédulas de ciudadanía, una de las cuales aparece expedida en el año 2006, o sea, 10 años antes de los trámites y dos años antes de que el registrador también detenido, ocupara dicho cargo; lo cual terminó corroborando la falsedad de los documentos y la participación de los funcionarios acusados en dicho delito.
El hecho delictivo fue detectado y denunciado en su momento ante las autoridades competentes por el funcionario cienaguero, pero mientras esto ocurría los portadores de los documentos tramitaban en la Oficina de Pasaporte de la Gobernación del Magdalena sus pasaportes utilizando para ello sus ‘papeles’ aparentemente legales, autenticados en notaría y expedidas por la Registraduría.
Así las cosas, es apenas obvio que Kathleen le diera vía libre al trámite de los pasaportes, que como es sabido solo exige como requisito para su expedición la cédula de ciudadanía en formato original o en caso de no poseerla, la contraseña o rectificación expedida por la Registraduría con la huella y dos fotografías acompañada del registro civil autenticado en Notaria. También es sabido que como parte de ese trámite los pasaportes son enviados a la Cancillería para su elaboración y refrendación y posteriormente devueltos a los 3 días las oficinas de pasaportes de los departamentos vía correo físico.
Lo anterior quiere decir que, esos pasaportes expedidos a supuestos extranjeros fueron legalizados en la Cancillería donde además pasaron la prueba de legalidad y autenticidad, pues con ellos sus portadores estuvieron en su momento de gira por Europa y Estados Unidos, donde habrían participado en actividades ilícitas.
Pero aun así ello no quiere decir que los inculpados y en el caso particular de Kathleen Villalba, haya delinquido en la expedición de los pasaportes, pues está más que claro que lo que hizo fue cumplir con el deber constitucional que le otorga su condición de funcionaria pública en el ejercicio de su cargo.
Además de quedar claro, como concluyeron los abogados de la defensa, que lo que se tipificó allí fue una burla a la institucionalidad de parte de quienes utilizaron la artimaña para evadir los controles del Estado.
Lo delicado es que se haya procedido de manera irresponsable a costa de atropellar la libertad y la dignidad humana de una dama a la que no se le conoce una sola macula en su contra, y que antes por el contrario puede demostrar hasta la saciedad su conducta limpia e impoluta.
Hoy ya es tarde su libertad!
