Fuente: https://apnnoticias.com/
Una nomina paralela para este fin maneja la mandataria. Aunque en campaña criticaba este tipo de inversiones, hoy, duplicó los recursos en comparación con su antecesor.
$42.000 millones han pagado los bogotanos a través de 659 contratos para mantener la imagen y gestionar las comunicaciones a la alcaldesa Claudia López.
Así lo reveló el abogado Daniel Briceño, en su columna para SEMANA, en donde denuncia que en la Alcaldía Mayor de Bogotá hay una nómina paralela.
“Para nadie es un secreto que la comunicación ha sido una parte fundamental del gobierno de la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Redes sociales, reportajes, videos, fotografías, tendencias y un sinnúmero de puestas en escena han marcado tres años y medio de otro mal gobierno en la ciudad”, señala en la columna.
Los 659 contratos entregados a dedo a un numeroso equipo de colaboradores tienen como objeto diseñar piezas gráficas, producir contenido, administrar páginas web, contestar mensajes en redes sociales, hacerles seguimiento a métricas de tendencias, reportajes periodísticos, generar libretos para videos y otras actividades.
“Su ego nos está saliendo muy caro y lo peor es que no hay nadie que haga un control efectivo sobre esta situación. Muchos a los que de nuestros impuestos les pagamos para que hagan el control sobre la administración de Bogotá han preferido guardar silencio permitiendo que el gobierno del Partido Verde derroche los recursos de la ciudad en asuntos sin sentido”, manifestó Briceño en su columna.
Lo más paradójico, es que mientras en campaña Claudia López criticaba a su antecesor por invertir en actividades publicitarias que consideraba como corrupción, la alcaldesa duplicó las inversiones.
“Durante la pandemia, mientras muchos en la ciudad no tenían para comer, ella decidió invertir 7000 millones de pesos para pagar la nómina paralela. Esto sin tener en cuenta los cuantiosos recursos que también invierten en el distrito para pagar pauta y publicidad”, comentó en el documento.
Reiteró que es hora de dejar atrás esas prácticas. “Las oficinas públicas no pueden seguir siendo las productoras personales de ningún gobernante. Si quieren subirse el ego, pues que lo paguen con su propio bolsillo”, puntualiza la columna.
En este enlace, puede leer la columna completa de Daniel Briceño en Semana:
