Documentos oficiales revelan que el Gobierno destinó más de 130 millones de pesos mensuales en camionetas, escoltas y gasolina para delegados guerrilleros, mientras líderes sociales denuncian abandono en sus esquemas de seguridad.
Colombia vuelve a estar en el centro de la controversia política tras conocerse documentos oficiales que evidencian un gasto millonario del Gobierno en la protección de cabecillas del ELN y disidencias de las FARC. Bajo el amparo de la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, se destinaron más de 130 millones de pesos mensuales para blindar a seis delegados guerrilleros, quienes recibieron camionetas de alta gama, escoltas y combustible financiados con recursos estatales.
El costo de este esquema incluyó siete camionetas blindadas arrendadas por más de 106 millones de pesos mensuales, 15 escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cerca de 8 millones de pesos en gasolina. Los fondos salieron del Fondo de Programas Especiales para la Paz, administrado directamente desde la Presidencia de la República.
Mientras tanto, líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en riesgo aseguran que sus solicitudes de protección son sistemáticamente rechazadas por falta de presupuesto. En regiones azotadas por la violencia, las amenazas y asesinatos contra quienes defienden a la población siguen en aumento, lo que alimenta la indignación frente a la priorización del Gobierno.
Organizaciones sociales cuestionan lo que consideran un “desbalance” en la asignación de recursos: se privilegia a quienes continúan ejerciendo control armado en varias zonas del país, mientras se deja en el abandono a las víctimas y a quienes trabajan en la construcción de paz territorial. La polémica crece, pues la revelación de contratos refuerza la percepción de desigualdad entre los protegidos y los desprotegidos.
Desde la Casa de Nariño, la defensa es que garantizar seguridad a los negociadores es indispensable para sostener los diálogos y evitar que los acuerdos fracasen. Sin embargo, la brecha entre el discurso oficial y la realidad de las comunidades golpeadas por la violencia pone en entredicho la credibilidad de la “paz total”.
