El inconsecuente hallazgo sería sobre la campaña que desarrolla la empresa ganadera de la vacunación contra la aftosa.
El contralor delegado para el sector agropecuario cuestiona el reconocimiento de gastos administrativos a las organizaciones gremiales que ejecutan la vacunación en las regiones.
Sorprende que estos gastos han sido aprobados por la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado y revisados por la Contraloría desde hace 23 años sin observación alguna.
Es inconsecuente que el mismo funcionario, en el informe de auditoría de 2018, cuando la parafiscalidad era administrada por el Ministerio de Agricultura, haya reconocido esos gastos y no los haya objetado.
Con extrañeza recibió el gremio ganadero el Informe Final de Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República (CGR), en donde se formula un hallazgo con presunto alcance fiscal y disciplinario contra el gremio administrador del Fondo Nacional del Ganado, no obstante haber presentado las justificaciones legales debidamente soportadas en una mesa de trabajo con participación de Gabriel José Romero, contralor delegado para el sector agropecuario.
En el documento, el funcionario responsabiliza a Fedegán-FNG de girar recursos para el pago de conceptos como arrendamientos, servicios públicos, servicios de celular y cadena de frío a las organizaciones gremiales que llevan a cabo la logística de los ciclos de vacunación en las regiones, porque, según su criterio, estas entidades deben asumirlos.
Para Jaime Daza Almendrales, representante legal del Fondo Nacional del Ganado, es inaudito que la Contraloría pretenda que las organizaciones ganaderas sufraguen con sus recursos los gastos de administración, pues no solo se trata de entidades que luchan por construir gremialidad en la difícil situación del campo, sino que son los propios ganaderos, a partir de su aporte al Fondo Nacional del Ganado, los que financian la ejecución de los ciclos de vacunación.
“Y no estamos hablando de un asunto menor -enfatizó Daza-; se trata de la campaña sanitaria más consistente y de mayor complejidad logística que se desarrolla en el país. En 45 días, un verdadero ejército de 5.000 vacunadores llega a más de 600 mil predios rurales y logra aplicar más de ¡27 millones! de dosis de vacuna. Y eso no es todo, lo hacemos dos veces al año desde hace 23 años; y desde hace 23 años se han aprobado esas gastos administrativos que hoy, de manera inconsecuente, a mi juicio, la Contraloría Delegada pretende descalificar, empañando un enorme y meritorio esfuerzo del gremio, siguiendo las directrices del ICA como autoridad sanitaria, y del Ministerio de Agricultura”.
Llama también la atención -reiteró el representante legal del FNG-, que a lo largo de 23 años la Contraloría nunca cuestionó el reconocimiento de esos gastos; de hecho, en el informe de auditoría de las vigencias 2016 – 2018, suscrito por el contralor Romero cuando el administrador del FNG era el Ministerio de Agricultura a través de Fiduagraria, no solo se reconoce la ejecución de recursos a través de contratos con estas Organizaciones Ejecutoras Ganaderas, OEGAS, sino la complejidad de la operación y la existencia de estos gastos dentro de los contratos, cuando se menciona expresamente que “… la revisión se centró en selectiva a los contratos suscritos con las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas – OEGAS, para cubrir gastos administrativos y de transporte para los programadores y vacunadores…”. “En esa ocasión, como ya lo mencioné, no hubo ninguna observación o reparo, y menos aún un hallazgo con connotación fiscal y disciplinaria”.
Finalmente, Jaime Daza reiteró que, tanto en la administración privada como en la pública, la asignación de una función o responsabilidad siempre va acompañada de la asignación de los recursos. “A ninguna persona o entidad se le puede exigir que sufrague con sus propios recursos los gastos de asumir una función, aún más si se trata de una función pública”.
Esperamos, por supuesto, no solo una revisión de este presunto hallazgo, sino que este tipo de actuaciones de la CGR, que todavía deben surtir otras instancias dentro del debido proceso, no sigan siendo mediatizadas prematuramente por la Contraloría Delegada, afectando la presunción de inocencia, el mismo debido proceso, y la reputación de FEDEGÁN y de un programa sanitario que es ejemplo a nivel nacional e internacional. Lo anterior fue el pronunciamiento del representante legal de Fedegán.
